Pandemia causa retroceso en mitigación de muerte materna en México

Hacia el año 2000, México registraba 55 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos, aunque redujo la cifra a 34.2 en 2019. 

Sin embargo, la pandemia del COVID-19, rompió esta tendencia. En algunos casos significó un retroceso de casi 20 años en la mitigación de fallecimientos durante el embarazo. 

El estudio “Las Muertes evitables”, de la plataforma digital de información y análisis “Distintas Latitudes”, señala que no sólo México se encaminaba a una reducción de las muertes maternas, entendidas estas como la muerte de la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio.

Países como El Salvador, Honduras y Guatemala también habían cumplido con esfuerzos en la materia, pero la pandemia acabó con sus avances.

El informe señala que las muertes maternas están intrínsecamente ligadas a factores como la pertenencia a grupos indígenas, la baja escolaridad, la inequidad en el ingreso per cápita, además del poco gasto público destinado a su prevención. 

Para el caso del país, se revela que el 77.89 por ciento de las muertes maternas en los últimos 10 años eran mujeres que no tenían un trabajo y el 41.52 por ciento no estudiaron o terminaron solamente la primaria. 

La pandemia, indica, no solo afectó de forma dispar a la región en términos de mortalidad materna, sino que hizo más evidentes las desigualdades.  

Se sostiene que la Secretaría de Salud en México publicó en abril de 2020 un lineamiento de atención a los embarazos, partos y puerperios durante la pandemia que retomaba propuestas hechas por organizaciones civiles, la academia y activistas.  

El documento sugería que los partos se resolvieran en el primer nivel de atención para limitar los ingresos hospitalarios a emergencias obstétricas y declararon la atención a la salud materna como un servicio esencial.  

Sin embargo, el lineamiento se limitó a emitir recomendaciones a los estados y no determinó indicadores para medir su implementación, así que cada entidad actuó como quiso o pudo, lo cual se reflejó en la reducción del 38.53 por ciento de consultas prenatales en 2020 con respecto a las que se dieron en 2019.  

La falta de acceso a estos servicios en México también se concentra en contextos rurales o alejados de las grandes ciudades.  

En México, agrega, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima en un informe de 2020 que la falta de acceso a anticonceptivos derivada de la pandemia podría traducirse en hasta 202 mil embarazos no planeados durante 2020 y 2021. 

En ese sentido, se señala que un análisis publicado a principios de 2021 identificó que las mujeres embarazadas que dieron positivo a COVID-19 tuvieron mayor riesgo de ser ingresadas a unidades de cuidados intensivos y requerir ventilación mecánica invasiva.  

La investigación también reveló que el COVID-19 está asociado a complicaciones del propio embarazo, siendo el sufrimiento fetal y el rompimiento prematuro de membranas las más frecuentes. 

Asimismo, se observó que la enfermedad desencadena una mayor necesidad de cesáreas, mientras que los nacidos tendieron a ser prematuros, con bajo peso y con mayores riesgos de ser ingresados a cuidados intensivos neonatales. 

Estas afectaciones se deben a los ajustes fisiológicos y anatómicos que conlleva el embarazo. Por ejemplo, de manera natural en las embarazadas aumenta el gasto cardíaco, se incrementa la función renal y disminuye la capacidad pulmonar.  

Es decir, el organismo de una embarazada realiza un esfuerzo muy alto, prácticamente trabajando el doble, y si a eso se suma una infección por SARS-CoV-2 los resultados pueden ser severos.