Organizaciones reconocen postura de AMLO en caso de Ernestina Ascencio

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Kalli Luz Marina y  Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) reconocieron la postura del Gobierno Mexicano para reabrir el caso de Ernestina Ascencio, pero piden que se garantice una investigación imparcial, seria, profesional y efectiva. 

Mediante un comunicado, las mencionadas organizaciones pronunciaron su postura en torno a lo manifestado por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para reabrir el caso de la mujer indígena veracruzana, Ernestina Ascencio. La reapertura del caso obedece a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Las organizaciones manifestaron desconfianza por la investigación de la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz y la postura adoptada en la comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 4 de diciembre, ya que es una de las instancias acusadas de violación de derechos humanos en el caso Ernestina Ascencio, cuya muerte se registró en febrero de 2007. 

“Durante la audiencia ocurrida el pasado 4 de diciembre ante la propia CIDH, presentamos los aspectos que debe incluir una solución adecuada en  este caso, a fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición, tanto para la señora Ernestina Ascencio, como para las mujeres indígenas de México”. 

Asimismo, a través de comunicado destacan: “es por eso que damos la bienvenida al anuncio realizado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en el sentido de que la postura adoptada en la mencionada audiencia no representa la posición del Estado Mexicano, sin dejar de manifestar preocupación porque durante la audiencia se haya presentado una postura a nombre del Estado, sin que fuera tal, lo cual constituye una falta grave ante la CIDH y ante las peticionarias. Por lo que solicitamos una aclaración sobre lo ocurrido y de ser el caso, se apliquen las medidas correctivas o sancionatorias que correspondan”. 

ANTECEDENTES DEL CASO ERNESTINA ASCENCIO 

El pasado 4 de diciembre, el Estado de Mexicano compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), eso debido a que las organizaciones civiles llevaron el caso de Ernestina Ascencio, muerta en febrero de 2017. 

Las organizaciones recordaron que “hace 13 años, el 25 de febrero de 2007, doña Ernestina Ascencio fue encontrada por su hija tirada en el monte donde llevó a pastar a sus ovejas, cerca de un campamento del Ejército mexicano, en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz. Al preguntarle lo que le había sucedido, doña Ernestina, en su lengua náhuatl, respondió: “los soldados se me echaron encima, mi hija. Me duele la cadera”. 

Ante ello, recordaron que “los primeros hallazgos médicos evidenciaron la existencia de violencia sexual, lo que motivó el inicio de una investigación en la Agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la familia en la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz (PGJ)”. 

Pero,  detallaron en boletín de prensa, “representantes del entonces gobierno de Veracruz, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenaron el crimen, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) manifestó públicamente que los agresores pertenecían a grupos que pretendían desprestigiar al ejército. Sin embargo, antes de que concluyeran las investigaciones, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, adelantó la conclusión del caso, en el sentido de que la señora Ernestina murió de “gastritis crónica,” la cual fue secundada por la CNDH, la Sedena y la PGJ de Veracruz, dando lugar al cierre y archivo de la investigación”.   

La conclusión del caso causó indignación entre la sociedad civil organizada, por lo que presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).