La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, aseguró que se revisarán los contratos otorgados durante 2022 a Araly Rodríguez Vez, la supuesta representante legal de un consorcio de empresas que ha obtenido más de 100 millones de pesos del gobierno estatal.
Además, confirmó que al ORFIS ya había realizado observaciones de 2019 en casos donde se detectaron irregularidades, mismos que fueron remitidos a los órganos internos de control por ser parte de un procedimiento administrativo.
“Nosotros hicimos un señalamiento directo; aquí el asunto es que ahora continuaríamos en una revisión de legalidad para ver cómo estuvieron esas adjudicaciones (de Araly Rodríguez)”, explicó.
En entrevista, González Cobos precisó que el ORFIS se vale también de la información que revelan los medios de comunicación a la hora de llevar a cabo la planeación de las auditorías, de ahí que tras el revuelo mediático que ha ocasionado la exempleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), sea necesario revisar los contratos.
Señaló que el ORFIS será el encargado de revisar cuántos de esos contratos conllevaron recursos públicos, mientras que los federales serán supervisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Aquí también tendríamos que ver esa parte, si se trata de fondos específicos no tendríamos la competencia, esa competencia corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y entonces hasta que hayamos concluido nuestro proceso de planeación entonces sabremos qué parte, en qué fondo, en qué aspecto vamos a realizar nuestro trabajo”, acotó.
Delia González justificó que el ORFIS, al detectar alguna irregularidad, envía el informe a los órganos internos de control de las dependencias y al volverse un tema administrativo, deben ser estos los que se encarguen del resto.
Ello, al ser cuestionada de que desde 2019, Rodríguez Vez ya obtenía contratos con el gobierno de Veracruz sin ser detectada por algún ente fiscalizador. En ese sentido, señaló que sí han hallado y notificado inconsistencias, aunque no precisó que haya sido precisamente en el caso de Araly Rodríguez.
“Aquí el asunto es que ahora continuaríamos en una revisión de legalidad para ver cómo estuvieron esas adjudicaciones”, detalló.
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