Activistas, académicos de la Universidad Veracruzana (UV), abogados, advirtieron que es urgente que los legisladores de Veracruz, la Comisión Estatal de Derechos Humanos o el Ejecutivo promuevan la derogación de reforma sobre ultrajes a la autoridad.
Se advierte que la reforma contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y propicia la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Alertaron que no es correcto decir que el delito de ultrajes a la autoridad es una acción para proteger a los policías, pues lo que requieren los elementos de los cuerpos policiacos es capacitación para que realicen su labor.
Entre las agrupaciones que exigen la derogación de la reforma al Código Penal figuran Article19 Oficina Regional para México y Centroamérica, Colectivo Akelarre A.C, “Colectivo Mandrágora”, Equifonía”, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC y el grupo de trabajo Gestión Social, Derechos Humanos y Ciudadanía, integrado por académicos de Facultad de Sociología de la UV.
Solicitaron al Legislativo cumplir con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al legislar en lo presente y futuro cualquier tipo penal con la finalidad de que se describa de forma clara, sin vaguedades o imprecisiones que no permitan la arbitrariedad o interpretación en su aplicación por los operadores del Sistema de Justicia Penal.
Igualmente, solicitaron que se permita y genere un diálogo respetuoso y abierto, a través de un modelo de Parlamento Abierto, en el que se escuchen las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y ciudadanía.
También ser considerados coadyuvantes para desarrollar acciones conjuntas con las autoridades que correspondan respecto de esta reforma, incluido el ejercicio de acciones de inconstitucionalidad o en los trabajos para la eventual derogación de los dispositivos legales antes referidos.
Académicos de la Facultad Derecho de la UV señalan que la redacción resulta vaga e imprecisa, carente de toda técnica legislativa, que provocará una interpretación indebida o arbitraria, tanto por los operadores de investigación, o por autoridades judiciales.
Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reviró que la reforma a la ley que endurece el delito de ultrajes a la autoridad tiene el objetivo de actuar contra los delincuentes, para evitar que salgan en libertad por los vacíos legales que existen.
Cuitláhuac García Jiménez sostuvo que no es represor como dos de sus antecesores. Descartó que la iniciativa que autorizó el Congreso del Estado tenga como fin acciones de represión, así como tampoco que se vea a la población como delincuentes.
“No soy represor como lo fue Miguel Ángel Yunes Linares, como lo fue Duarte. Yo no soy represor. Es falso. No es cierto. Ya expliqué por qué incrementaron las penas, lo dije claramente: el ejercicio de la violencia armada contra los policías, una de sus formas de protección, están enterados, para ir contra la delincuencia organizada, el problema fue jurídico. La delincuencia organizada utilizaba artimañas para zafarse, para quedar como medida preventiva en cárcel. Era la medida preventiva la que evadían, aunque quedaran vinculados, solicitaban la medida preventiva de llevar el caso en libertad”.
García Jiménez afirmó que en su gestión hay total respeto a la libertad de expresión “Nosotros nunca hemos reprimido, lo hizo Yunes, lo hizo Duarte”.
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