Nuevamente, se deslinda CGJ por posibles abusos en detención de July 'N'

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que su gobierno no tiene injerencia en la aprehensión de July “N”, presunta homicida de la rectora de la Universidad Valladolid en 2020, afirmando que la Fiscalía de Veracruz y la de la Ciudad de México deben aclarar presuntos actos de tortura y violencia sexual en contra de la imputada del crimen.

Esto después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51 VG/2022, señalando violaciones graves a la mujer, recluida en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec.

El Ejecutivo explicó que dichos órganos a cargo de la procuración de justicia actuaron de forma coordinada, aunque el Gobierno de Veracruz no participó en los operativos a través de sus elementos de Seguridad.

La CNDH pide a la administración de García Jiménez garantizar el derecho a la seguridad jurídica en agravio de la víctima, por parte de personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de  Seguridad Pública; no obstante, opinó que el órgano presidido por Rosario Piedra Ibarra “no siempre tiene la razón” en sus investigaciones.

“Pero a que tengan razón (la CNDH) siempre, no, tampoco; se trata de presuntos responsables del homicidio de una rectora; no es nada sencillo, se tiene que aclarar e ir tras los responsables”, opinó.

En ese sentido, reiteró que si la Fiscalía de CDMX incurrió en tortura ello se debe de aclarar.

“No tenemos mucha competencia en este asunto porque la detención en donde supuestamente se hacen las supuestas violaciones a los derechos de los detenidos no fueron en Veracruz, así de sencillo”, sostuvo.

La CNDH encontró que el día que fue detenida, July “N” había acudido a comprar pan en compañía de sus hijos, cuando fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

En febrero de 2021, la Fiscalía General de Veracruz informó que por el asesinato de la rectora inició una investigación interna en contra de cuatro elementos ministeriales, acusados de torturar y abusar sexualmente de la mujer detenida tras ser relacionada con el crimen, aunque la fiscal general Verónica Hernández Giadáns aseveró públicamente que el caso “está apegado a derecho”.