Nueva recomendación de CNDH a gobierno de Veracruz; ahora por crimen de rectora

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva recomendación al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, al comprobarse que elementos ministeriales torturaron a la mujer que acusan de dar muerte a Guadalupe Martínez Aguilar, exrectora de la Universidad Valladolid el 29 de junio de 2020.

Se trata del caso de July “N”, a quien elementos ministeriales detuvieron en la Ciudad de México; desde el año 2020, su familia presentó la queja inicialmente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues entre otras cosas afirmaron que los videos que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó como pruebas en contra de la acusada no corresponden a la misma persona.

Por la gravedad del caso, la Comisión Nacional ejerció su facultad de atracción y emitió este jueves la recomendación 51VG/2022, donde acreditó violaciones graves a derechos humanos cometidas contra la mujer, quien fue torturada y abusada sexualmente.

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De acuerdo con documentos en poder de la Comisión, July ‘N’ manifestó que el 6 de noviembre de 2020, mientras acudía a comprar pan en compañía de sus hijos, fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa, fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente. Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General fue revisada por un médico “quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo”, relata la CNDH en un comunicado.

La investigación acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura y que vulneraron su derecho a la integridad personal a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara que ella participó en la muerte de la exrectora.

Se indica que la mujer aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.

“Se determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; por el contrario, hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente”, señala la Comisión.

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Igualmente se acreditó que tanto el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de Pacho Viejo también vulneraron sus derechos fundamentales, “toda vez que tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia”.

Ante tales confirmaciones, la CNDH ordenó a García Jiménez inscribir a July ‘N’ en el Registro Estatal de Víctimas, así como evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño.

Se pidió igualmente al mandatario colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que la Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado en los hechos.

Igualmente deberá gestionar, en coordinación con la CEDH y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la impartición de cursos de capacitación y sensibilización al personal médico, de enfermería y en psicología adscritos al Centro Penitenciario Estatal de Pacho Viejo, en materia de derechos humanos, prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e instruir a los titulares de los centros penitenciarios de Veracruz, donde se encuentren mujeres privadas de la libertad, para que sea personal femenino el que las valore.

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Para el caso de Verónica Hernández, deberá reparar integralmente el daño causado a la mujer, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; además, deberá colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades.

También deberá actualizar el Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.

Del caso, la propia Hernández Giadáns afirmó que el proceso de investigación se estaba llevado en todo momento con debido apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos de las víctimas y detenidos, indicando que había elementos para proceder contra la mujer y Fernando “N”, otro detenido que también ha acusado malos tratos de los servidores públicos.

Esta es la segunda queja en menos de tres meses que la CNDH emite al gobernador veracruzano y a la titular de la Fiscalía. En ambos casos, se ha comprobado que los elementos policiacos, tanto ministeriales como de prevención, han incurrido en actos fuera de la ley para mantener presas a las víctimas.