¿Narco y políticos tras crimen de Regina Martínez?

A nueve años del asesinato de la periodista Regina Martínez, las autoridades han omitido investigar el vínculo entre su trabajo informativo con el ataque que la privó de la vida, aun cuando existe evidencia de ello, aseguró Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México.

Un mes antes de su asesinato, publicó un reportaje donde denunció la presunta colusión entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La historia apareció en la edición impresa dominical de Proceso el 8 de abril del 2012 , bajo el título "Dos Regresos Peligrosos".

En conferencia de prensa, lamentó que a la fecha solo haya una persona detenida, Jorge Antonio Hernández Silva, sentenciado como uno de los dos autores materiales del asesinato de la periodista, de quien las autoridades argumentan que entró a robar a la casa de la corresponsal y ningún autor intelectual señalado siquiera en las indagatorias.

Por su parte, Jos Bartman, representante de Free Press Unlimited, recordó que la periodista durante años, documentó y publicó hechos de corrupción de varios sectores e integrantes del gobierno de Veracruz y las autoridades de aquella entidad sólo han obstaculizado las investigaciones.

Por ejemplo, en la escena del crimen en la casa de Regina, se usó una cantidad excesiva de polvo de huellas dactilares, que causó la destrucción de huellas en la escena e hicieron imposible recoger ADN de los objetos alrededor del cuerpo de Regina.

Ante el nulo avance en el esclarecimiento del caso, emitió una serie de recomendaciones a las autoridades para avanzar en las investigaciones, entre ellas, que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), imponga su jurisdicción sobre el caso, garantice la protección de los testigos e investigue como motivación del asesinato su trabajo como periodista.

Un informe internacional de Safer World of the Truth, confirma que hay graves errores y omisiones en expediente y la investigación del crimen se vio comprometida a nivel estatal , pues hubo claros indicios de obstrucción a la justicia por parte de los inspectores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El informe “An Opportunity for Justice” recomendó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) atraer la investigación del caso, pues constituye un grave crimen que ha tenido un impacto en el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.

La investigación advierte que el presunto coautor del crimen, José Adrián Hernández Domínguez, alias el Jarocho, le comentó a “El Silva” que un grupo del crimen organizado le había pedido que asesinara a Regina Martínez por “un asunto político”, pero que este se negó a hacerlo; posteriormente, desapareció; sin embargo, esto no fue investigado con diligencia por parte de la Fiscalía General.

Además, a la Fiscalía General de la República (FGR) se le recomienda investigar la posibilidad de la desaparición forzada del segundo sospechoso: se trata de José Adrián Hernández Domínguez, alias “El Jarocho”, que sigue prófugo y es probable que posea información fundamental sobre el asesinato. “Teniendo en cuenta que la investigación a nivel estatal se vio comprometida, hay motivos para cuestionar su estatus oficial como fugitivo”.