Mancera: Derogar ultrajes no frenará detenciones arbitrarias en Veracruz

La iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, deja intacto un artículo “espejo” con el que podrían continuar las detenciones arbitrarias en Veracruz.

Esto lo advirtió el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, durante la Sesión de Instalación del Segundo Periodo de Sesiones en el Senado de la República.

El perredista indicó que García Jiménez pidió a los diputados en Veracruz derogar el artículo 331 del Código Penal, pero sin modificar o eliminar el artículo 371 Quinquies

“Se está proponiendo derogar el artículo 331 que dice ‘se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas’.

“Eso se va a derogar y eso va a ayudar a muchas, a cientos de personas que están detenidas con motivo de este artículo; pero (…) sigue vigente el artículo 371 Quinquies que dice ‘a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de una institución de seguridad pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas (…)’; es lo mismo. Entonces van a derogar el 331 y va a quedar el 371, la pregunta sería no lo están advirtiendo o por qué es que van a dejar que siga vigente una disposición espejo de esta otra que se creó”, cuestionó el senador.

Hay que destacar que el Ejecutivo veracruzano pidió la derogación del artículo 331, advirtiendo que se dejará un “vacío legal” para tipificar agresiones hacia policías y elementos de seguridad pública.

El gobernador refirió que la derogación es con el fin de acatar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 146/2021, órgano que comprobó la detención arbitraria de seis jóvenes en Xalapa, quienes además fueron sometidos a proceso señalados, sin pruebas válidas, de agredir a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“Es prudente señalar que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la derogación del artículo 331 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; no obstante, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa en caso de que un delito se realice con medios violentos, como armas y explosivos, por lo que se advierte que se dejaría un vacío legal para tipificar la conducta de agresión con medios violentos hacia servidores públicos, en específico a las policías y elementos de seguridad pública en el cumplimiento de su deber. 

“Sin embargo, con el fin de salvaguardar los derechos humanos en la entidad y atender el punto recomendatorio sexto, se propone este proyecto a fin de dar cumplimiento a la recomendación aceptada de manera total y en todos sus términos”, argumentó el Ejecutivo en su propuesta.

No obstante, Miguel Ángel Mancera subrayó que la derogación del artículo 331 no es suficiente para evitar que se sigan cometiendo abusos de autoridad.

Ayer martes, durante una discusión del pleno del Senado, algunos congresistas advirtieron que desde que se reformó el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz más de mil veracruzanos fueron detenidos y acusados por ese delito.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, afirmó que dará seguimiento a la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, opinando personalmente que se trata de un tipo penal inconstitucional.

“Con relación a ultrajes de autoridad, hasta donde yo tengo conocimiento o ya hay una iniciativa para derogarla o ya está en proceso de derogarse el tipo penal en el Congreso del Estado, pero voy a averiguar en qué estado se encuentra el tema de ultrajes a la autoridad que, en mi opinión, pues sí es un tema de un delito tipificado, es una tipificación que, mi muy personal opinión, a reserva también de estudiarlo, sí es inconstitucional”.