Justicia penal en Veracruz, la peor en el país: World Justice Project

La justicia penal en Veracruz es la peor en todo el país de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 de la organización World Justice Project (WJP), el cual mide el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas en el país.

“Los resultados evidencian un estancamiento en el progreso hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas”, que igualmente estuvieron ligados a la pandemia del covid-19.

Para llegar a los resultados, el WJP entrevistó a 800 habitantes de Veracruz y lo complemento con la opinión de 2 mil 351 abogados expertos en materia penal, civil y mercantil, además de expertos en salud pública.

Así, se indica que Veracruz obtuvo el peor puntaje en los seis rubros que integran la materia de justicia penal. Las puntuaciones van de 0 a .29 que representa una adhesión más débil al Estado de Derecho y .70 a 1.0, que es la adhesión más alta.

La más baja de entre todos los rubros que se midieron -límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal- tiene que ver precisamente con la procuración de justicia: el nivel de investigación penal eficaz está por los suelos, con un puntaje de 0.15 por ciento;

El gobierno de Veracruz impulsó fuertemente la imposición de Verónica Hernández Giadáns en la Fiscalía General, argumentando pésimos resultados del entonces fiscal Jorge Winckler.

Aun con ello, el estado resultó con un bajo nivel en “procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz”, donde obtuvo solo 0.19 por ciento.

Se evidenció también que no se ha respetado el derecho a las víctimas de un delito, y por el contrario estos han sido vulnerados. Así lo evidencia el pobre 0.38 por ciento obtenido en ese rubro.

El debido proceso legal, también concerniente al trabajo que debe realizar Hernández Giadáns, es otro que está por debajo de lo argumentado por las autoridades: apenas un 0.34 por ciento de eficiencia y eficacia.

Lo concerniente a “Justicia Penal imparcial, independiente y libre de corrupción” con un puntaje de 0.29 por ciento.

La medición va más allá: evalúa también el trabajo que se hace desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado.

El factor “Sistema Penitenciario Seguro y respetuoso de los Derechos Humanos es otro con un puntaje muy bajo, con 0.28.

Todo lo anterior coloca al estado en último lugar por cuanto hace al sistema judicial imperante, donde operan personas allegadas a la administración estatal y que incluso, cuyos nombres y rostros son exhibidos como un logro del ejecutivo.

Los datos también muestran un debilitamiento de la libertad de prensa y una reducción del espacio cívico en la mayoría de las entidades federativas, continuando una tendencia que inició antes de la pandemia y que se profundizó durante la crisis de salud pública.

“Al igual que en años anteriores, la seguridad pública sigue siendo uno de los mayores retos en el país”, señala el estudio.