July Raquel ‘N’, culpable por asesinato de rectora; sentencia, hasta el 18 de abril

Este miércoles el juez de Pacho Viejo, Francisco Reyes Contreras, condenó a July Raquel 'N', acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de participar en el homicidio de María Guadalupe Martínez Aguilar, exrectora de la Universidad Valladolid.

La víctima fue baleada en su casa el 29 de junio de 2020 y hasta el momento hay otras dos personas detenidas por el crimen, incluyendo a Alberto, hermano de July.

La autoridad jurisdiccional consideró que la Fiscalía presentó las pruebas suficientes para acreditar la participación de la mujer, detenida en noviembre de 2020, y determinó dejarla en prisión, aunque apenas se decidirá por cuánto tiempo en una próxima audiencia que se realizaría el 18 de abril.

Los alegatos de clausura se desarrollaron en la sala de juicios orales del Juzgado de Pacho Viejo. Desde hace varios días ha habido diversas manifestaciones, tanto por parte de la familia de la acusada como de familiares y amigos de la víctima.

Posteriormente, se dio lectura a la resolución de la autoridad, tras un proceso que ha estado lleno de claroscuros para la Fiscalía y el propio gobierno de Veracruz, aunque esto no fue impedimento para dejarla en prisión.

Cabe señalar que por este caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Veracruz y a la Fiscalía, al acreditar que los elementos ministeriales aprehensores torturaron a July.

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July ‘N’ fue detenida en la Ciudad de México el 6 de noviembre de 2020; desde ese año, su familia interpuso la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuyo proceso fue acompañado por el Centro Pro-DH.

Por la gravedad del caso, la Comisión Nacional ejerció su facultad de atracción y emitió la recomendación 51VG/2022, donde acreditó violaciones graves a derechos humanos cometidas contra la mujer, quien fue torturada y abusada sexualmente.

Se encontró que el día que fue detenida la mujer había acudido a comprar pan en compañía de sus hijos, cuando fue interceptada por dos vehículos de color blanco de los que descendieron aproximadamente 11 personas, quienes la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

Posteriormente, mientras era trasladada a Xalapa, fue golpeada por policías ministeriales y uno de ellos la agredió sexualmente.

Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General fue revisada por un médico “quien omitió” asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo”.

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Pese a que July “N” manifestó ante el juez de control todas estas situaciones de violación, tortura y demás tratos crueles durante su captura, los propios elementos de la FGE acusaron a la mujer de usar dicho argumento como “artilugio jurídico” para evitar la cárcel, en un documento avalado por la titular de la FGE.

“… se niegan total y absolutamente los hechos manifestados por V en virtud de ser totalmente falsos; se debe resaltar que V utiliza este medio de defensa, como un artilugio jurídico para evadir su responsabilidad penal por lo que deben desconsiderarse sus afirmaciones relacionadas”.

La recomendación del caso evidenció también que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, si bien inició carpetas de investigación por los hechos narrados por July “N” determinó el no ejercicio de la acción penal contra sus elementos. Finalmente, la recomendación no fue aceptada.

Tras ser condenada, se decidirá en breve cuál será la penalidad que alcance, aunque el artículo 131 del Código Penal establece que cuando en la comisión de un homicidio intervengan dos o más sujetos y no constare quién o quiénes son los homicidas, a todos se les impondrán de 10 a 14 años de prisión si el delito fuere simple; pero si se tratare de homicidio calificado, la sanción será de 15 a 30 años de prisión y multa, en ambos casos, hasta de 500 días de salario.

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