Juez ordena reingreso a la cárcel del ex diputado Manuel Francisco N

Un juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Pacho Viejo ordenó el reingreso del exdiputado local, Manuel Francisco “N”, al Centro de Reinserción Social ubicado en el municipio de Coatepec.

A la fecha el exfuncionario se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria, compurgándola en un inmueble en la capital del Estado.

Sin embargo, la autoridad jurisdiccional determinó que debe continuar su proceso en el CERESO, tras ser vinculado a proceso por secuestro en agravio de la exsecretaria del Trabajo de Veracruz, María Guadalupe Argüelles Lozano, antes de que ella asumiera ese cargo.

Cabe señalar que en julio de 2019, cuando Jorge Winckler se encontraba como fiscal general del Estado, fue criticado el cambio de medidas cautelares de Manuel Francisco “N”, pues se trata de un delito meritorio de prisión preventiva oficiosa.

No obstante, cuando fue vinculado a proceso en enero de 2019 el exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en justificó padecer una enfermedad grave, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Posteriormente el también exalcalde de Chicontepec recibió la variación de su medida cautelar y se le permitió que siguiera su proceso en una vivienda de Las Ánimas, una de las zonas más exclusivas de la capital del Estado.

Tras quedar en libertad medios informativos publicaron que el exdiputado local ofreció 3 millones de pesos para que no pisara la prisión. Por su parte el entonces fiscal general, Jorge Winckler, sólo justificó que se opusieron al cambio de medidas cautelares, pero el fallo fue de determinación de la juez Mónica Segovia.

A la fecha ante la posibilidad de regresar a la prisión de Pacho Viejo Manuel Francisco “N” tramitó un amparo ante la justicia federal, obteniendo la suspensión provisional mientras se desarrolla el juicio de garantías.

Cabe señalar que a la par habitantes de Chicontepec se han manifestado a su favor en el Poder Judicial del Estado y afuera de los juzgados de Pacho Viejo, acusando cuestiones políticas.

Los pobladores acusan influencias en el proceso entre la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta y la exfuncionaria Guadalupe Argüelles, quien en su paso por la Secretaría del Trabajo designó como titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje a Guillermo Benjamín Díaz Martínez, hijo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).