Un Juzgado de Distrito suspendió de manera definitiva el proceso de enajenación de más de 2 mil hectáreas en Sierra Alta, Coatepec, por un daño ambiental que violenta las Normas Oficiales Mexicanas.
La autoridad jurisdiccional frenó la determinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de enajenar el citado predio a favor de diversos particulares que lo tienen despojado.
El juez determinó que al no haberse validado la legalidad del deslinde, se viola la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre "Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo".
Hay que recordar que dicho predio continúa en disputa por la organización Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesino (CIOAC) y por particulares.
La resolución, emitida por la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, también obliga a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a los agremiados de la CIOAC a detener la afectación del entorno.
Sin embargo, la suspensión en cuestión no paraliza el procedimiento de ejecutar trabajos de medición y deslinde por parte de la Sedatu; aunque dicha afectación se discutirá en audiencia constitucional.
La abogada de los propietarios, Itzel Jurado Ortiz, dijo que con lo anterior los afectados consiguieron la suspensión definitiva del acto reclamado, es decir, la juez encargada prohibió la degradación del medio ambiente por parte del deslinde de la Sedatu.
La Sedatu, por medio de la Dirección de Amparos en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, impugnó la resolución de la juez a través de un recurso de queja, misma que la autoridad declaró infundada y por tanto quedó actualmente sin materia.
La abogada a la vez demandó al Gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que cada quien "cumpla con sus obligaciones", dado que sus demandas no rebasan el marco normativo.
Consideró que ha habido tardanza de parte de las autoridades que se han desencadenado otra problemática que no se hubieran presentado si hubiesen hecho su trabajo, y a la vez que se respeten los derechos de todos.
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