Investigan fraude en sistema de videovigilancia de Veracruz bajo administración de Yunes Linares

El contralor general del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Olivares Martínez, informó que continúa abierta una investigación relacionada con el presunto fraude millonario en la instalación del sistema de videovigilancia implementado durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Este caso, que ha sido calificado como una falta grave, sigue bajo análisis en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción por la extensión del daño patrimonial y en materia de seguridad ciudadana.

Fraude en el sistema de videovigilancia en Veracruz

Olivares Martínez detalló que, hasta el momento, el Tribunal de Justicia Administrativa ha emitido una resolución que establece responsabilidades administrativas y sanciones económicas relacionadas con los recursos estatales utilizados en el proyecto.

Estas sanciones forman parte de dos investigaciones iniciales realizadas por el órgano interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y gestionadas por la Contraloría General del Estado a través de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas.

Además, se ha iniciado una investigación adicional enfocada en las personas particulares y empresas involucradas en el sistema de videovigilancia, considerado como un proyecto "fallido".

Este procedimiento, según el contralor, se realiza conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permite un plazo de hasta 7 años para dar inicio, interrumpir y concluir los procesos en tribunales hasta que se emita una resolución definitiva.

El sistema de videovigilancia instalado durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares ha sido señalado como un ejemplo de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

En su momento, se presentó como una solución innovadora para mejorar la seguridad en el estado, pero las auditorías y revisiones posteriores revelaron inconsistencias en la implementación, incumplimientos contractuales y un elevado costo que no se tradujo en beneficios concretos para la ciudadanía.

El contralor subrayó que las investigaciones sobre este caso han seguido los lineamientos establecidos en el nuevo diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual el Tribunal de Justicia Administrativa tiene competencias para sancionar faltas graves, especialmente aquellas vinculadas con actos de corrupción.

Sanciones económicas y próximos pasos

Hasta ahora, las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa se refieren exclusivamente a los recursos estatales involucrados en el proyecto.

No obstante, la instrucción del tribunal incluye la apertura de nuevas investigaciones para determinar la responsabilidad de las empresas y particulares que participaron en la implementación del sistema.

Según Olivares Martínez, este tipo de procedimientos se extiende en el tiempo debido a la complejidad de los casos y a los plazos legales establecidos para garantizar el debido proceso.