En tres días hábiles el Poder Judicial del Estado de Veracruz, a cargo de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, tiene tres días para reinstalar en el cargo a Roberto Dorantes Romero, además de cubrir el pago de salarios caídos.
Cabe recordar que el togado fue removido del cargo tras haber cumplido 70 años, edad de retiro obligatorio; sin embargo, el juez fue nombrado hasta el año 2025. De incumplir la resolución, las sanciones irían desde una multa hasta 10 años de prisión.
En la determinación del juez federal, además, se estableció que deberán ser pagadas las percepciones que hubieran dejado de cubrirse durante el periodo que estuvo separado del cargo.
El magistrado deberá ser reinstalado en el cargo que le fue conferido el 27 de noviembre de 2015 por un periodo de diez años.
En la resolución se indica que se ordenó vincular al cumplimiento de fallo protector al Congreso del Estado y al Gobernador del Estado, los cuales fueron requeridos en el auto indicado y acorde por lo acotado por la Superioridad, lo cierto es que la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no está exenta del cumplimiento de dicha sentencia, al haber sido concedido el amparo por los actos que a ella se le atribuyeron.
Máxime que corresponde a dicha autoridad llevar a cabo la reinstalación del quejoso con el pago de percepciones que hubieran dejado de cubrirse, además que debe permitirle ocupar su cargo por el periodo comprendido en el nombramiento que se le otorgó el 27 de noviembre de 2015.
“Ello con independencia que las autoridades vinculadas en el ámbito de sus respectivas facultades o atribuciones, se abstengan de realizar actos que impidan el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya sea dejando de entorpecer la reinstalación en el cargo del quejoso o bien realizando aquellos actos necesarios para garantizar la restitución del derecho reclamado por el promovente”, expone el resolutivo.
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