Ingrid Adame Pérez asegura haber sido agredida por una mujer identificada como Francisca Estrada García.
Ella cuenta con pruebas de los moretones y cicatrices en su cuerpo a causa del ataque; sin embargo, la Fiscalía General del Estado ignora su caso.
De acuerdo con la víctima, la fiscal segunda de Boca del Río, Zuleyma Segura Granillo, se niega a admitir su denuncia.
Por ello este lunes Ingrid acudió junto con su abogado, Tomás Mundo, a presentar una denuncia en contra de la funcionaria.
En la denuncia, Norma Íngrid de 31 años da cuenta que la fiscal se negó a recibirle la denuncia, amenazó a los elementos de la Policía Naval y dejó en libertad a la agresora.
Mencionó que, junto con su hija menor de cuatro años y su madre, Norma Pérez Hernández, fueron víctimas de agresiones y amenazas el pasado 7 de junio, luego de que Francisca Estrada García se bajó de su vehículo directamente para agredirla.
Detalló que hasta ahora no sabe el porqué de la agresión, que se suscitó en la vía pública en Casas Tamsa, pues cuando estaba estacionada la mujer solo se acercó a reclamarle que no sabía manejar, la insultó y empezó a agredirlas a empujones y cachetadas.
Reveló que a partir del día de los hechos ha recibido diversas amenazas: “Temo por mi vida, no por mí, sino por mi hija porque le tomó fotos y videos y nos dijo que sabía dónde nos podría encontrar. Estamos mal emocionalmente, me duele”, dijo.
Relató que la fiscal sí le tomó la denuncia a la mujer agresora, a la que reiteró no conocer, por lo que no sabe el tipo de influencia que pudiera tener en la Fiscalía.
“Tengo mucho miedo por mi hija, ella sabe todo y yo nada, no he podido declarar; después de esto también tendré miedo. Si algo me llegara a pasar yo responsabilizaría a Francisca, a Zuleyma y a sus superiores por no hacer nada”, indicó.
El abogado Tomás Mundo indicó que la Fiscalía actúa “de una forma estúpida”, pues mientras por un lado se han establecido cuotas de denuncias e integración de carpetas al mes, por el otro no se da seguimiento a los agraviados.
Aseguró que las lesiones que recibieron las mujeres son de aquellas que tardan en sanar más de 15 días y aun así no se da el seguimiento a estos hechos.
En la denuncia, el abogado solicitó entre otras cosas que se realicen las investigaciones pertinentes y se haga una valoración racional de las pruebas para acreditar la probable responsabilidad penal en que incurrieron los denunciados.
Además, que se acredite que el fiscal regional, César Guillermo Caballero Cortés, haya aprobado las cinco evaluaciones de control y confianza: médica, toxicológica, poligráfica, de entorno social y de situación patrimonial; “requisito sine qua non, para poder ejercer el cargo que ostenta”.
En la opinión del defensor por los hechos podría configurarse presuntamente los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.
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