Gobierno de Cuitláhuac García contrató empresas "fantasma" por 205 millones de pesos: ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) confirmó que el gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García, realizó contratos con ocho empresas catalogadas como "fantasma", según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Estas operaciones representarían un presunto daño patrimonial por 205 millones de pesos, indicó la auditora general Delia González Cobos durante su comparecencia en el Congreso local.

Durante la revisión de un listado nacional que incluye más de 11 mil empresas "fantasma", el ORFIS encontró que ocho de estas compañías realizaron operaciones con el gobierno veracruzano.

González Cobos señaló que estas empresas no cuentan con activos, infraestructura, personal ni domicilio registrado, elementos que las clasifican como fachada según la ley.

Por otro lado, mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al revisar el caso, no detectó irregularidades en las mismas empresas, lo que limita el alcance del ORFIS para no duplicar funciones. Sin embargo, señaló que el organismo estatal continúa con sus investigaciones.

Irregularidades en contrataciones

El tema generó cuestionamientos de legisladores, como el diputado del PRI Héctor Yunes Landa, quien acusó posibles presiones para beneficiar a la administración anterior y criticó la falta de responsables.

Como ejemplo, el legislador señaló el caso de la empresa "Soluciones y Milagros", registrada inicialmente para el comercio al por mayor de ropa, pero contratada por el gobierno estatal para proveer materiales como folders, tóner, agua purificada y equipo médico.

Dicha empresa, constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), obtuvo contratos poco después de su creación, lo que despertó sospechas sobre la transparencia en su designación como proveedora.

Además, el ORFIS revisó el caso de "Araly Rodríguez", una contratista con más de 100 millones de pesos en contratos. González Cobos aseguró que el organismo detectó irregularidades incluso antes de que el caso se hiciera público.

Investigación en curso

La auditora general explicó que el proceso de fiscalización es complejo y se realiza por etapas. Actualmente, el ORFIS tiene abiertos cerca de 280 a 300 expedientes relacionados con presuntos daños patrimoniales de administraciones anteriores.

Estas investigaciones avanzan una vez que el Congreso aprueba o rechaza la Cuenta Pública, lo que permite proceder con las denuncias correspondientes. "No hay omisiones en la fiscalización", afirmó González Cobos, quien rechazó cualquier beneficio a gobiernos anteriores.