Ex funcionarios se habrían enriquecido vendiendo espacios en mercado

Quedó al descubierto una red de corrupción que involucran a ex funcionarios municipales, quienes durante el periodo de la alcaldesa Guadalupe Martínez Badillo, se dedicaron a vender locales en el anexo del mercado Campesino, por lo que podrían ser denunciados e incluso hasta encarcelados si se les comprueba que incurrieron en delitos catalogados como graves.

Las acusaciones fueron realizadas por los mismos locatarios, quienes denunciaron que en el ala derecha de la central de abasto desde el 2007 solo se instalarían puestos semifijos, porque su estadía sería provisional mientras se construía el mercado Juárez en el Centro de la ciudad.

Pero desde mediados del mes de diciembre de 2021, luego de 15 años de permanecer los puestos de madera  comenzaron a levantarse locales de cemento, varillas y ladrillos con acabados en azulejos, a pesar que en esa zona no se podría realizar ninguna construcción.

Incluso esta zona debería estar ya desocupada puesto que los vendedores debieron mudarse a las nuevas instalaciones del mercado Juárez que cuenta con mejores condiciones.

Según testimonios grabados por Imagen del Golfo, aseguran que fue el director de ingresos Tomas Gutiérrez Gómez y otras más, quienes habrían vendido hasta los espacios, que por ley no pueden lucrarse, al considerarse propiedad del Estado, por lo que solo puede ser cedido al vendedor.

En el anexo del mercado Campesino, hasta el momento hay cinco locales ya construidos y por los cuales se habían pagado al menos 30 mil pesos por cada uno de ellos, refirieron las personas entrevistadas por éste medio de información.

Los inconformes, refieren que los nuevos propietarios nunca se han dedicado a la venta de carne, por lo que presumen que éstos serán rentados y utilizados como una fuente de ingresos, mientras que otros que verdaderamente lo necesitan no tienen en donde vender sus productos. 

Los nuevos propietarios, incluso se extendieron de los límites de sus puestos, por lo que dejaron a locatarios fuera de la galera, a quienes incluso, Gutiérrez Gómez les habría pedido 20 mil pesos para asignarle otro espacio, asegura la fuente consultada.

Las acusaciones contra éste  y otros funcionarios públicos, deberán ser ventilados por el actual gobierno municipal que encabeza el profesor, Noé Castillo Olvera, quien incluso podría solicitar la demolición de los puestos, por representar un posible acto de abuso de autoridad o ejercicio indebido de la función pública.

En ese momento podría configurarse algún delito de los ex trabajadores del ayuntamiento de Agua Dulce, por lo que podrían ser denunciados ante las instancias procuradoras de justicia donde podrían imponer penas privativas a la libertad.