Organizaciones de la sociedad civil entregaron a las instituciones de salud una “Guía legal sobre el aborto en Veracruz”, buscando garantizar la interrupción del embarazo de forma segura y gratuita para mujeres, así como personas con capacidad de gestar que lo soliciten.
En el auditorio del Jardín de las Esculturas, la gerente de incidencia de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (MEXFAM), Daniela Díaz Echeverría y el responsable de vinculación legislativa en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Francisco Cué Martínez, destacaron que la guía va dirigida a quienes dan este servicio.
Señalaron que el documento tiene como objetivo aclarar dudas respecto a los derechos reproductivos tras las reformas aprobadas en Veracruz, aparte de las resoluciones y las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reafirman el acceso al aborto seguro.
En el evento participaron la exdiputada local de Morena e integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever), Mónica Robles Barajas, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto, así como la magistrada presidenta de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, María Lilia Viveros Ramírez.
Además, acudió Valentín Herrera Martínez, jefe del Departamento de Atención Médica del ISSSTE y Mayra Ledesma, catedrática de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV).
Subrayaron que existe una obligación entre todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud para proporcionar los servicios de aborto seguro a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten, sin embargo, aún hay confusiones.
Detallaron que la Guía es una herramienta que responde, en un lenguaje y formato sencillo, a las principales inquietudes y dudas que con frecuencia el personal de salud plantea respecto a sus responsabilidades en materia de aborto.
Añadieron que el documento también puede orientar al personal directivo u operativo de distintas instituciones públicas y privadas, puesto que en julio de 2021 Veracruz despenalizó el aborto voluntario durante el primer trimestre de gestación.
Los miembros de la sociedad civil reconocieron que el marco legal en materia de aborto en México sigue siendo complejo y puede generar dudas, pues es un asunto que suele regularse tanto en el derecho penal como en la normatividad sanitaria, además de contemplarse en la legislación destinada a la atención de víctimas de un delito o de violaciones a derechos humanos.
Los directivos de las organizaciones recordaron que bajo determinados contextos o bajo ciertas circunstancias, la ley puede considerar el aborto como un delito, como un servicio básico de salud, tal es el caso de preservar la vida o la salud de la persona embarazada, así como un servicio médico de emergencia que se presta a las víctimas de violencia sexual.
Además, el aborto está contemplado tanto en la legislación nacional, aplicable en todo el país, la cual ha comenzado a ser reformada para ampliar el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, particularmente a partir de la última resolución de la SCJN de fecha 6 de septiembre de 2023.
En dicha fecha los ministros concluyeron que es inconstitucional la vía punitiva hacia las personas que voluntariamente se practiquen un aborto o a quienes les hagan abortar con su consentimiento, por lo que el Congreso de la Unión deberá eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal.
“Estamos en una coyuntura nacional positiva, es un momento histórico y la guía quiere abonar en lo lejano que es el marco jurídico para el quehacer diario y la serie de supuestos que regulan e intervienen en el quehacer diario y en la forma de atender a las personas”, dijo Díaz Echeverría.
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