Entre amenazas, sobreviven familias en área invadida a Pemex en Poza Rica

A un mes de la explosión de un ducto de Pemex en Poza Rica y que causó la muerte de cinco personas, continúa la disputa de lotes y el cobro de cuotas a las familias que tienen invadido el terreno en la colonia La Barita.

A pesar de las cinco víctimas y ante la falta de intervención de las autoridades, se han creado cuatro grupos de líderes que pretenden tener el control absoluto de los predios y el cobro de las cuotas que imponen por las reuniones y faenas en el asentamiento irregular.  

El pasado 20 de julio y por un desfogue de gas de una de las líneas, que alcanzó un fogón de una de las casas, ocurrió una explosión que causó la muerte de una niña de tres años de edad, su mamá Ana Gabriela y de su padrastro, Servando Vega, así como de la joven Cristina Martínez San Juan y de un amigo de ellos, Pedro Ruiz Luna.

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A cuatro semanas del siniestro los dirigentes Miguel Zupa Hernández, Isabel García Palomares, Miguel Leyton Burgos y Jorge Perales, identificado como ‘El Pastor’, mantienen los cobros por la reventa de solares y las cooperaciones para presuntamente legalizar la propiedad y convertirlo en una colonia legalmente reconocida. 

De acuerdo con algunos vecinos, quien por su seguridad pidieron anonimato pero con un documento en el que se especifica que estas personas abusan de la necesidad de las familias, comercializando los lotes a precios que van desde los cinco hasta los 35 mil pesos.

La única condición que imponen es que los posibles compradores deben asistir a reuniones que celebran cada domingo y por cada persona presente piden una aportación de hasta 30 pesos para “continuar con los trámites de regularización del terreno”.

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En caso de no asistir la multa asciende a 100 pesos, pagos por los que no expiden comprobantes o documentos sobre aportaciones, pero sí tienen un registro de los asistentes en una libreta al que denominan “la bitácora”.

En otro cuadernillo tienen una lista de ciudadanos a quienes cada mes piden pagar 200 pesos por el suministro de agua, además de 250 por el consumo de energía eléctrica. Por cada refrigerador, televisión o ventilador, afirman, incrementan 50 pesos más como cobro extra.

En caso de que alguna familia deje de pagar por estos servicios inmediatamente suspenden el suministro; hay casos en que a las personas les quitan los predios y hasta los desalojan por incumplir con los pagos.