La síndica única Sandra López Amador y el regidor segundo, Constantino Morales Montiel, están en contra de la política de austeridad del presidente López Obrador, porque a pesar que en el 2018, los funcionarios municipales aceptaron que su salario se redujera al 50%, ahora exigen ganar la totalidad de su sueldo y le sea entregado el dinero que les fue descontado en las últimas 56 quincenas.
A través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TEV-JDC-617/2020, los ediles de la comuna de Agua Dulce, exigen al ayuntamiento hidrómilo les devuelvan casi dos millones de pesos de los cuales “injustamente” no se les entregó a consecuencia de la política de austeridad, aprobado desde el primer año del ejercicio de gobierno.
El 18 de julio de 2018, el alcalde, Sergio Guzmán Ricárdez, en sesión ordinaria de cabildo propuso que todos los integrantes del cabildo se disminuyeran el salario a la mitad para que el recurso serviría para los programas sociales en beneficio de la ciudadanía, razón por la cual el órgano máximo de autoridad municipal lo aprobó con cuatro votos a favor y tres en contra.
López Amador de Morena y Morales Montiel del Partido del Trabajo, pidieron al órgano jurisdiccional, revoque el acta de sesión de cabildo del 18 de julio de 2018 y declare como ilegal la reducción del salario del 50% y exigen el goce completo del salario como sindica y regidor.
Este recurso promovido por los funcionarios municipales, fue hecho público por decisión del órgano colegiado del estado de Veracruz, por lo que se puede leer en la hoja número cinco que la síndica única, consideró que se le provocó un “daño/perjuicio” que su salario pasara de 70 a 35 mil pesos mensuales.
RESPUESTA LEGAL
Al respecto, Julio Cesar Morales Castillo, director del departamento jurídico del gobierno de Agua Dulce, informó que se trabaja para responder a la demanda dentro de los criterios que establece la ley.
El abogado, quien se reservó los alegatos de la defensa por estar en proceso, trascendió que la petición de los ediles podría resultar improcedente, debido que el recurso fue solicitado fuera del término correspondiente.
Además, el Ayuntamiento no podría pagar casi los dos millones que solicitan, toda vez que los presupuestos de egresos se realizan anualmente, por lo que no fue contemplado para el ejercicio del 2020.
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