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Detenidos por ultrajes deberán tramitar amparo: Homero Gutiérrez

La Suprema Corte echó abajo la reforma espejo de Ultrajes a la Autoridad
Coatzacoalcos Ver. | 2022-10-28 | Julio Escobar
Detenidos por ultrajes deberán tramitar amparo: Homero Gutiérrez
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Prevaleció el uso de la razón y la justicia, expresó Homero Gutiérrez Melchor presidente de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma espejo de Ultrajes a la Autoridad aprobada por el congreso del Estado de Veracruz.

Sin embargo, dijo que muchas personas un siguen privadas de su libertad, por lo que deberán tramitar un amparo para que en la medida de lo posible sean absueltos, siempre y cuando no hayan sido imputados por otros delitos.

“Finalmente prevaleció el uso de la razón y la justicia y se derogó esa disposición sobre todo en el estado de Veracruz"

"Y ya ni se diga a nivel nacional, eso no debe de ser implementado y ya no debe estar en uso, no obstante seguimos viendo que hay personas que aún siguen privadas de la libertad en razón de ello o siguen siendo imputadas”, comentó.

El artículo 331 del Código Penal veracruzano establecía que se impondrían de seis meses a dos años de prisión y multa a quien amenazara o agrediera a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

FUE DE USO POLÍTICO

Gutiérrez Melchor lamentó que este delito haya sido aprovechado más por las autoridades para aspectos de naturaleza política, que para garantizar la paz y la tranquilidad de los veracruzanos, ante la ola de violencia y hechos delictivos.

“Nos dimos cuenta que fue más explotado por el ente público, obligado a la prevención del delito a cuidar a la ciudadanía, fue aprovechado más por la autoridad para aspectos de naturaleza política, aquel que de alguna manera tenía algún activismo en reclamo de algún vicio o algún mal servicio de la autoridad”, expresó.

El entrevistado manifestó que debería existir un marco legal para cuando no te prueben algún delito y te absuelvan, el estado tendría que paga por esa privación de la libertad.

Asimismo, expuso que el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy “tibio” al no defender las garantías individuales de quienes son vulnerados en sus derechos.

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