Los exmagistrados Gladys Lourdes Pérez Maldonado, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, promovieron incidentes ante instancias federales al considerar que no se respetaron amparos que les permitían permanecer en sus cargos.
Señalan que tanto el Congreso local como el Tribunal Superior de Justicia estaría violentado la Ley de Amparo en su perjuicio.
Por esta razón, se deberá investigar si los integrantes de ambos poderes violentaron el artículo 262 de dicho ordenamiento, delito por el que se establecen penas de 3 a 9 años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
La magistrada Concepción Flores Saviaga, refirió que los 3 magistrados notificaron puntualmente al Congreso del Estado, así como a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, las suspensiones obtenidas a su favor.
Por lo anterior se determinará si existe responsabilidad legal de la titular del Poder Judicial, así como del presidente del Congreso y de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, quienes declararon 6 vacantes de magistrados, incluyendo las de Pérez Maldonado, Lezama Moo y Dorantes Romero, además de avalar a sus relevos y a otros 3 nuevos togados a propuesta del gobernador, Cuitláhuac García.
Ya que las suspensiones obtenidas por los magistrados salientes también fueron notificadas al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) también se revisará la posible responsabilidad de integrantes del pleno, quienes dieron su voto a favor de adscribir a los 6 nuevos integrantes sin importar que están vigentes las suspensiones de jueces federales de algunos de sus antecesores.
El miércoles 5 de agosto los togados votaron las readscripciones, comisiones y adscripciones los magistrados avalados por el congreso.
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