Aunque la Contraloría General del Estado debería ser la dependencia que esté al tanto que en todo el Poder Ejecutivo estén exentos de observaciones, no escapó de recibir recomendaciones por parte del Órgano de Fiscalización Superior dentro del Informe de la Cuenta Pública 2020.
Y es que la dependencia a cargo de Mercedes Santoyo Domínguez recibió cinco observaciones de carácter financiero y 10 recomendaciones de tipo financiero por la gestión de recursos del año pasado.
El Orfis, a cargo de Delia González Cobos, observó que derivado de la política contable a nivel central para el registro y presentación de las cuentas de balance, la Contraloría no presentó en su información financiera saldos de las cuentas por cobrar por concepto de presupuesto asignado pendiente de ministración o pago; así como de las cuentas por pagar por las contribuciones federales y estatales, proveedores y prestadores de servicios por concepto de la adquisición de bienes y servicios; lo cual no refleja la expresión fiable de las transacciones efectuadas en los estados financieros, incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable.
De igual forma refiere que el registro de las cuentas bancarias de la Contraloría General no es conforme a lo dictaminado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
También refiere que se adeudan más de 64 millones de pesos por concepto de impuestos, multas y recargos que no se pagaron durante los años 2014 al 2016.
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