Consigue Rogelio ‘N’, ex funcionario de MAYL, un nuevo amparo

Tras el deficiente trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del juez de control de su caso, Rogelio “N” exsecretario de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, consiguió un amparo para dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado equiparado.

En dicha acusación, se recrimina al exservidor público de haber promovido indebidamente y con fondos públicos, la imagen del exmandatario y su hijo, en torno a la recuperación de bienes en el extranjero obtenidos por duartistas.

No obstante, no quiere decir que Rogelio “N”, preso en el penal de La Toma, vaya a dejar pronto el penal, pues está sujeto a diversos procesos penales, aunque este es el segundo que se deja sin efecto, luego que se determinara un sobreseimiento por ultrajes a la autoridad, primer tipo penal por el que se le recluyó.

En la demanda de amparo, su abogado argumentó que tanto la FGE como el juez de control violaron derechos consagrados en la Constitución, al no determinar el nexo o relación entre los fondos públicos utilizados indebidamente y la promoción de la imagen política del exgobernador y su hijo, el entonces candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Se alega que la sola contratación de un servicio por parte del Gobierno del Estado difundido por Miguel Ángel Yunes no acredita por sí el delito de peculado equiparado. 

Además, se reclamó que el juez responsable y el fiscal al solicitar la vinculación a proceso, no precisaron los artículos de las leyes, decretos y reglamentos, cuyas disposiciones no se cumplieron al no obrar el contrato de prestación de servicios entre el Gobierno del Estado y la empresa AV REAL ESTATE LLC, encargada de la asesoría legal para la recuperación de bienes, así como al no figurar tal empresa como proveedora del gobierno. 

Igualmente, se sostiene que no se indicó cómo se acreditó la utilización indebida de recursos públicos, cuando es claro que Rogelio “N” no tenía la custodia y resguardo del dinero como para usarlo y disponer de él.

Derivado de ello, se solicitó el amparo para dejar sin efecto la resolución de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada decretada dentro de la audiencia inicial celebrada el día 15 de octubre de 2021, dentro del proceso 312/2021, así como del auto de vinculación a proceso emitido el 20 de octubre 2021.

A la luz del análisis de los hechos, el juez federal advirtió que el juez  de control, “de manera desordenada”, sustentó la indebida utilización de fondos públicos por parte de Rogelio “N” en que en la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, no existe documentación relativa a la contratación de las empresas a favor de quienes se transfirió el numerario, que no existió licitación y tampoco se atendió al padrón de proveedores autorizado en la época de los hechos y que no se justificó la prestación de los servicios legales por parte de la empresa contratada. 

“Lo anterior genera incertidumbre en relación a qué conducta o circunstancia en concreto que da lugar, a consideración del juez responsable, a la indebida utilización del erario público”, reprocha el juez federal, al considerar que antes de llegar al proceso penal, pudo haberse agotado la vía administrativa, pero de ser el caso, no se justificó la necesidad de inicio del proceso que se sigue.

Por ello, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que hace a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el auto de vinculación por el delito de peculado equiparado, toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación en términos del artículo 16 Constitucional.

Ello quiere decir que el juez de control debe dejar sin efecto tales actos, y en una nueva audiencia “sin escuchar nuevamente a las partes y con la reproducción de los videos de la audiencia inicial y su continuación”, dicte nuevas resoluciones en las que colme las violaciones formales especificadas en la determinación.

Cabe destacar que Rogelio “N” no podrá dejar aun la cárcel, pues le sobreviven dos procesos más, uno por violencia familiar y otro por presuntamente haber presionado al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita para donar sus bienes al gobierno de Yunes Linares.