CGJ buscará otorgar más poder a Hugo Gutiérrez Maldonado

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez busca otorgar más poder al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, al convertirlo en dirigente y supervisor de la Ley de Seguridad que crea la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Ello de acuerdo con la iniciativa que presentó este jueves ante el poder legislativo para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz.

Con el cambio al Artículo 18 Ter de la referida normatividad, el titular de la Secretaría estará al frente de este organismo administrativo “para generar, obtener, analizar y evaluar la información patrimonial, fiscal y económica proveniente de actividades consideradas irregulares o ilícitas por la ley, a través de la colaboración con las autoridades competentes en la materia”.

Además, se le facultaría para dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia, bajo su adscripción para la selección de información y el desarrollo de estrategias que coadyuven en la preservación de la seguridad pública estatal.

El gobernador, que ya ha sido advertido de que la creación de esta unidad estaría invadiendo la esfera federal, señala que con esta instancia se busca “combatir las conductas que tengan por objeto encubrir o disimular el origen ilícito de los recursos, con la consecuente afectación a la economía estatal, a la dinámica social, a la administración pública y, sobre todo, a la seguridad pública”.

Apunta además que uno de los retos que enfrenta su Gobierno es el de implementar y fortalecer acciones dirigidas a mermar las estructuras financieras y el poder económico de diversos grupos criminales, dada la magnitud del daño que éstas le ocasionan a la sociedad y a la economía veracruzana.

En la iniciativa del titular del Ejecutivo, se amplían las atribuciones del secretario de Seguridad Pública, en materia de traslado de reos a los juzgados, administración del sistema penitenciario y del personal que labora en las cárceles de la Entidad.

Por lo que de avalarse la reforma por los Diputados Locales, dicho funcionario estatal podría controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional.

Además, se encargaría de organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar reinserción social de la persona sentenciada.

El titular de la SSP administraría entonces los centros penitenciarios y propondría ante los órganos jurisdiccionales, los beneficios preliberacionales, libertades anticipadas, sanciones no privativas de libertad, y traslado de personas privadas de su libertad, igualmente atendería las solicitudes de extradición, amnistía e indulto.

Con las modificaciones se le facultaría para coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de prevención y reinserción social, de evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como de la suspensión condicional del proceso.

Supervisaría las instalaciones de los Centros Penitenciarios, para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento.

El secretario se encargaría adicionalmente de la administración y resguardo de los Centros Especializados para Adolescentes y realizaría los traslados ordenados por los órganos jurisdiccionales, de las personas privadas de su libertad a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias brindándoles la seguridad y custodia en dichos recintos, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y autoridades ministeriales.