Buscan que Congreso ratifique nombramientos del titular de Sefiplan y Contraloría

El Congreso del Estado contaría con la atribución de ratificar los nombramientos que realice el gobernador de los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Contraloría General del Estado (CGE).

Lo anterior, según la propuesta de reforma a la Constitución Política local, presentada ante la Diputación Permanente por el Grupo Parlamentario PRI-PVEM.

De ser procedente la adición de la fracción XIX Bis al artículo 33 de la Carta Magna veracruzana, correspondería al Legislativo, avalar, con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus miembros presentes en la respectiva sesión, los nombramientos en dichas dependencias.

En el referido apartado se estipularía además que quienes queden al frente de la Sefiplan y la CGE entrarán en funciones el día de su nombramiento, pero cuando no sean ratificadas en los términos de la Constitución, dejarán de ejercer su encargo.

Adicionalmente se establecería que si el Congreso del Estado no ratifica en dos ocasiones un nombramiento, ocupará el cargo la persona que designe el titular del Ejecutivo.

Para priistas y verdeecologistas, la ratificación de los nombramientos por el Poder Legislativo, alienta la posibilidad de desempeños más independientes, sin compromisos políticos ni conflictos de intereses y, en todo momento, con apego a la legalidad.

“Proponemos esta modificación al texto constitucional, con la que se posibilitaría la coordinación entre dos poderes del Estado, como ocurre en otros nombramientos, en la designación de los servidores públicos responsables de las finanzas y del control interno, y con la que se generarían los contrapesos democráticos indispensables en asuntos de suma relevancia en el quehacer público estatal”, sostienen.

Reiteran que Veracruz y el país necesitan pasar de las discusiones y acusaciones mutuas de corrupción entre los actores políticos a la construcción de un andamiaje jurídico acorde a la realidad social y a las demandas de la población.

“Al establecimiento de un marco normativo que procure equilibrios en el ejercicio del poder, el  fortalecimiento de las atribuciones de control del Poder depositario de la Representación Popular, el diálogo y la búsqueda de consensos en los asuntos públicos y que contribuya a combatir eficazmente la corrupción, la impunidad y la inobservancia de la ley”.