Acusan ‘traslado irregular’ de reos en el penal de Poza Rica

Sin previo aviso a familiares y abogados, 13 de 35 detenidos por presunto secuestro fueron trasladados del penal de Poza Rica hacia la ciudad de Xalapa, custodiados por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano.

Esposas de los internos se presentaron en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para solicitar información del por qué fueron enviados a la capital cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) no les notificó que tendrían audiencia como parte de un proceso penal que enfrentan desde hace casi cuatro años.

La señora Mirna Lulú Rivera Flores, madre de Alexander S.R. de 24 años, uno de los detenidos, declaró que las autoridades del penal de Poza Rica no dan información sobre el motivo del traslado, situación que les genera incertidumbre y temor “a que les hagan algo” mientras estén fuera de sus celdas.

“Nosotros nos enteremos porque nos llamaron por teléfono para decirnos que nuestros familiares fueron llevados a Xalapa a declarar pero sin los custodios de aquí, fueron los militares y la Guardia Nacional. Solo nos dijeron que fueron a declarar por el tema de las armas que les sembraron porque ellos no tenían armas”, expuso otra de las mujeres.

También aseguraron que ni los abogados sabían que sus defendidos serían sacados del reclusorio, lo que les genera mayor desconfianza.

Otra de las esposas de uno de los reclusos aseguró que se enteraron de que habían sido sacados por militares porque los propios internos les llamaron para avisarles; posteriormente la versión fue confirmada por otra señora que acudió al centro penitenciario.

Fue el pasado 31 de diciembre del 2016, durante la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuando elementos de la Fuerza Civil detuvieron a 37 personas presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada, de los cuales solo a dos les han dictado sentencia de 50 años de prisión por secuestro.  

El operativo fue simultáneo en diferentes calles de la colonia Arroyo del Mollejón. A otros los detuvieron mientras transitaban en la vía pública o ejercían actividades comerciales.

Los familiares de los detenidos insisten en que el caso fue “fabricado por el gobierno”, ya que a casi cuatro años la Fiscalía no les ha comprobado el delito, no se han presentado los supuestos agraviados y tampoco dictan una sentencia condenatoria.