Por leyes que datan de época de Porfirio Díaz, veracruzanos pueden perder su casa

ESPECIAL II Por necesidad económica para solventar gastos de atención de salud, vivienda, despensa, pago de servicios, muchas personas y familias solicitan préstamos a casas financieras o comerciales, así como a los llamados agiotistas. Pero debido a las tasas de interés, llamadas “mañosamente” de otro nombre, las familias acaban perdiendo su patrimonio y se enfrentan a un escenario de angustia e incertidumbre.

En entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, el señor “Matheo” expuso que está a punto de perder su vivienda. Solicitó a la comercializadora “Mi casa Autofin” un crédito de 270 mil pesos para poder comprar su casa, pero por los intereses y el llamado “interés sobre interés”, la deuda supera ahora los 2 millones 300 mil pesos.

“No los tengo, si tuviera esa cantidad no hubiera tenido que pedir un préstamo (…) Me retrasé con los pagos porque asaltaron mi casa, se llevaron todas nuestras cosas y lo que vendemos y reparamos, aunque se ha expuesto la situación, se ha dictaminado que debo pagar esos más de 2 millones de pesos, como no los puedo pagar, pretenden despojarme de mi vivienda, donde habito con mi esposa”.

Explicó que solicitó el préstamo a la empresa Autofin, en el año 2004, para completar el pago de su casa. El bien inmueble, que es la casa comprada, que habita Matheo y su esposa, quedó en garantía, por lo que ante el retraso involuntario en los pagos, Autofin “requirió la garantía, es decir, la casa”, e inició un juicio.

En 2014 se dio una sentencia en donde una jueza instruyó pagar el monto original del adeudo que es de 270 mil pesos, más los intereses moratorios de ese capital, que sumaban 686 mil pesos, lo cual en conjunto eran 980 mil pesos, “casi un millón de pesos”.

Pero Autofin tiene en su contrato una trampa, refirió Matheo, “una tasa de actualización del .7 por ciento mensual, pues aunque no mencionan la palabra interés o tasa de interés, se está actualizando cada pago mensual con el .7 por ciento más;  pero ese pago tiene una moratoria que es 4 veces ese monto, o sea el 2.8 por ciento”.

Por esos intereses enmascarados, “la sentencia dicta que se tiene que pagar el crédito principal, más los intereses, el factor de actualización, más los intereses moratorios. El factor de actualización asciende a esa fecha a 694 mil pesos, más los intereses moratorios de 686 mil pesos, lo que da un monto de  un millón 380 mil pesos, sumados al principal y sus intereses moratorios, da 2 millones 360 mil pesos. De una deuda de 270 mil pesos, ahora asciende a 2 millones 360 mil pesos”.

“Mi deuda es ahora 10 veces mayor al crédito que yo pedí de 270 mil pesos, y como no tengo para pagar esa deuda de más de 2 millones de pesos, a mi esposa y a mí nos pueden desalojar de la casa que compramos pidiendo ese crédito de 270 mil (…) Ni la casa vale los 2 millones 300 mil pesos, es una casa modesta”, y ahora nos podemos quedar en la calle, sin nuestra vivienda”, expresó con angustia el señor Matheo, llamado así para resguardar su identidad, pues actualmente sigue haciendo frente al juicio y, debido a la protección de las leyes mexicanas a los usureros, es decir, los prestamistas, ahora tendrá que recurrir a las leyes internacionales.

SE JUZCA A DEUDORES COMO EN EL PORFIRIATO; MÉXICO, ALEJADO DE TRATADOS INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS

Al respecto, entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, la representante legal de Barzón Resistencia Civil Veracruz, Teresa Carbajal, explicó que en el estado de Veracruz y en el país, hay muchos casos como el de Matheo, es decir, “familias que piden un préstamo para poder tener una vivienda, atender una situación de salud, completar su despensa, y debido a la usura, terminan perdiendo su patrimonio. Esto se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la nación está protegiendo a los usureros (…) Los casos son tratados en el ámbito del Derecho, con jurisprudencia, ya que lo que rige en México al respecto, es desde la época de Porfirio Díaz (…) y México no se apega a los tratados internacionales”.

De tal modo, enfatizó: “no existe una norma apegada al caso actual. La ley con la que se está enjuiciando a los deudores se basa en el Código de Comercio que fue promulgado en tiempos de Porfirio Díaz. Obviamente no hay avance en el tema de los derechos humanos en la materia, no está siendo acorde con la norma internacional, con los tratados internacionales, con la Convención Americana en materia de Derechos Humanos que en su artículo 21.33 habla de un compromiso de México como Estado parte, para erradicar la usura, esto es: para que no existan tasas leoninas usureras en contra de personas que solicitan créditos”.

Ni en la Cuarta Transformación se ha logrado, hasta ahora, avanzar en las leyes de protección a ciudadanas y ciudadanos que, por falta de solvencia económica, recurren a préstamos con agiotistas, empresas comerciales, para poder atender salud, completar para pagar la renta, comprar la despensa o poder tener una casa propia.

USURA: EXPLOTACIÓN DEL HOMBRE POR EL HOMBRE

“No hay quien proteja contra la usura en Veracruz ni en México”, deploró la representante legal de Barzón Resistencia Civil Veracruz.

Por eso el llamado urgente es para que las y los legisladores trabajen con prontitud, en una la ley para proteger a las y los ciudadanos de la usura; es decir, proteger a quienes  por falta de solvencia económica, piden préstamos, pero son objeto de abusos y explotación; para que haya trato y sentencias justas y con apego a los tratados internacionales, protegiendo los derechos humanos.

La falta de leyes mexicanas apegadas a tratados internacionales y derechos humanos, permiten que en materia de préstamos, “empresas como Autofin ejecuten sus malas prácticas con trampas como denominar factor de actualización al interés mensual, y multiplicar por cuatro ese factor de actualización. Es una conducta que debe ser erradicada”.

Y con sentencias como la que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos como el de “Matheo”, “se permite que nuestro país sea un paraíso de agiotistas a quienes se les permite que cobren lo que sea, a cualquier circunstancia, a cualquier costo (…) estos casos son peores que los préstamos bancarios, ya que en caso de particulares o empresas comerciales, ni siquiera está regulada la tasa de interés”, deploró Teresa Carbajal, representante de Barzón Resistencia Civil Veracruz.

Además, a nivel internacional se busca erradicar la usura, ya que es una forma de abuso, y es un delito, “es una forma de explotación del hombre por el hombre”.

La usura tiene que ser denunciada, tiene que haber organización social y tiene que haber leyes que protejan a las y los ciudadanos que requieren un préstamo-crédito, de quienes incurren en la usura.

¿Y MIENTRAS TANTO?

Aunque se ha comenzado a tener acercamiento con algunos legisladores y legisladoras, para que se trabaje en el tema de las leyes, para que no siga vigente el código del porfiriato para sentenciar a quienes por necesidad piden préstamos, es urgente que desde las Cámaras de Diputados y las y los mandatarios gubernamentales se dé celeridad a la presentación de iniciativas y aprobación de estas, con total apego a los derechos humanos y normas internacionales.

“Necesitamos que el tema sea llevado ante la Cámara -legislativa- en una iniciativa, porque lo que está ocurriendo es que ante la falta de esta ley, la Suprema Corte está emitiendo criterios que van normando la forma en que se tengan que pensar estos juicios, y se juzga sin apego a los derechos humanos, a quienes tienen un adeudo por préstamo, sin tomar en cuenta los abusos de la usura”.

Mientras tanto, Matheo está en riesgo de perder su vivienda y habrá que recurrir a las instancias internacionales.

El señor Matheo y su esposa viven con la angustia, si bien hasta ahora el estrés no les ha llevado a enfermar, “a veces no podemos dormir, por la incertidumbre”.