En días recientes, cientos de contribuyentes en distintos puntos del país han encontrado un mismo problema al intentar emitir una factura: el sistema no responde, o mejor dicho, no permite facturar. ¿El motivo? El sello digital, la clave invisible que autentica cada factura ante el SAT, ha sido restringido o cancelado.
El problema no es menor. Sin ese certificado, es como si el negocio quedara en silencio ante el fisco. No se puede vender, al menos no legalmente. Y lo más preocupante: puede ser señal de una posible irregularidad detectada por la autoridad.
Uno de los principales motivos por los que el SAT ha comenzado a restringir estos sellos tiene que ver con algo que muchos omiten o desconocen: la coherencia entre lo que declaras como actividad y lo que facturas.
Un ejemplo real ayuda a entenderlo: si un comercio aparece registrado como tienda de abarrotes, pero de pronto comienza a emitir facturas por la venta de combustibles o aceites automotrices, sin haber hecho el cambio o la actualización ante el SAT, la autoridad puede interpretarlo como una desviación sospechosa.
No se trata de un delito en automático, pero sí de una señal que activa los filtros de revisión. La lógica del SAT es sencilla: si el negocio no tiene esa actividad registrada, ¿por qué la está facturando?
Cuando el SAT detecta alguna irregularidad, lo primero que hace no es sancionar, sino restringir el sello digital. Es una especie de advertencia. Desde ese momento, se impide emitir facturas, pero todavía existe la posibilidad de aclarar la situación ante la autoridad.
El problema viene si no se responde, si se ignora el requerimiento o si la justificación no es suficiente. En ese caso, el sello puede ser cancelado definitivamente. Y a partir de ahí, el escenario cambia: se abre la puerta a revisiones, auditorías, e incluso acciones legales si el caso lo amerita.
A diferencia de otros errores contables más técnicos, aquí la solución pasa por una lógica clara, aunque muchos omiten aplicarla:
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