En un video que subió a sus redes sociales, el académico de la Universidad Veracruzana (UV) y aspirante independiente a la alcaldía de Xalapa, Eduardo de la Torre, informó que este lunes 3 de febrero presentó ante el Tribunal Electoral de Veracruz un Juicio para la Protección de los Derechos Electorales del Ciudadano por la "Omisión Legislativa absoluta" de la anterior Legislatura local que lideró Juan Javier Gómez Cazarín, actual delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, cuyos diputados estaban obligados a "armonizar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local en la Constitución Política de Veracruz, conforme al artículo sexto transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y revocación de mandato, publicado el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación".
De la Torre Jaramillo, quien fue diputado federal del PAN y dirigente estatal del desaparecido Partido de Centro Democrático (PCD), fundado por el extinto jefe del gobierno capitalino Manuel Camacho Solís y su discípulo Marcelo Ebrard, recriminó que "el señor Gómez Cazarín, en cinco años, no pudo hacer esta reforma", a pesar de que "tuvo más de cinco mil millones de pesos en esos seis años a su cargo y nunca nos rindió cuentas a ningún veracruzano".
En efecto, el actual delegado federal lideró las dos Legislaturas locales en el sexenio del exgobernador Cuitláhuac García.
"Este personaje, el señor Gómez Cazarín, es el responsable y debe pagar por esta omisión legislativa absoluta", acusó De la Torre, quien explicó que como ciudadano tomó la decisión de impugnar porque tampoco lo hicieron los legisladores del PRI, PAN y MC, a los que acusó de ser "comparsas del partido en el poder".
"Tuvieron cinco años también ellos, tuvieron diputados locales, y ninguno hizo nada.
"Esta es tarea ya de un ciudadano responsable para sujetar una reforma constitucional de revocación de mandato al gobernador o gobernadora en turno en Veracruz. Yo espero que el Tribunal Electoral de Veracruz, que también es morenista, no le quiera dar la vuelta a esto. No hay posibilidad de que el actual Congreso no legisle sobre esta omisión legislativa absoluta, que se traduce en un desacato a la Constitución por el anterior presidente de la Junta de Coordinación Política, el señor Gómez Cazarín", finalizó el abogado y académico de la UV.
¿Retomará el diputado Esteban Bautista, líder del grupo legislativo de Morena y presidente de la Jucopo de la LXVII Legislatura local esta asignatura pendiente que le dejó Gómez Cazarín? Seguramente lo consultará con la gobernadora Rocío Nahle, quien al menos no enfrenta la complicada situación del mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya.
En Sinaloa, "la modificación constitucional estatal se aprobó en enero de 2024 y no puede tener aplicación retroactiva; además, el 31 de enero pasado feneció el plazo para solicitarlo: el inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo estatal por votación popular (https://goo.su/AMxcy); Rocha Moya cumplió tres años en el poder el 1º de noviembre pasado", aclaró ayer el columnista Julio Hernández, de La Jornada.
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