Primero la reforma administrativa que traslada la Guardia Nacional a la Sedena, y ahora la modificación al artículo quinto transitorio del decreto de la GN que extenderá hasta el año 2029 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, es simple y llanamente un reconocimiento al anticipado fracaso de la administración del presidente López Obrador que pretendía, antes de que finalizara su sexenio en 2024, desmilitarizar la seguridad pública y crear una corporación civil, incorrupta y eficaz, para enfrentar a los grupos criminales que, de acuerdo con informes de inteligencia militar de Estados Unidos, ya tienen controlado la mitad del territorio mexicano.
Ayer, para tratar de convencerlos, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Rubén Moreira, emplazó a los rejegos diputados federales del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD que “o estamos con el Ejército o están con el narco”, mientras que el senador Ricardo Monreal –quien la semana anterior recibió fuertes críticas del presidente por abstenerse de votar a favor de que el control de la Guardia Nacional pasara a la Sedena–, ahora consideró “inconveniente” regresar a los soldados a sus cuarteles ya que admitió que la inseguridad no se resuelve en año y medio.
El líder del Senado, cuya entidad natal, Zacatecas, es asolada por bandas criminales que se disputan su control, se pronunció ayer porque ambas cámaras aprueben la reforma propuesta por el PRI para ampliar hasta 2029 el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad.
Este miércoles, el periódico MILENIO documentó que el constante despliegue de elementos federales para reforzar la seguridad pública en distintas zonas del país y la falta de inversión de los gobiernos estatales en sus cuerpos policiacos ha provocado que en al menos 24 entidades el número de marinos y militares sea mayor que el de los agentes estatales. La investigación del diario capitalino, basada en diversos informes obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y reportes del Inegi, revelan que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han desdoblado en conjunto a 192 mil 831 militares por el país, mientras que en las 32 corporaciones estatales se desempeñan 193 mil 890 agentes.
El incremento militar se ha dado principalmente en entidades con altos índices delictivos y una fuerte presencia de cárteles criminales, como por ejemplo Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Guerrero, donde según el informe “La situación de las policías en México”, de la organización Causa en Común, se ha triplicado en algunos casos el número de efectivos castrenses.
En demarcaciones como Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Baja California Sur, Chiapas, Durango, y Oaxaca la ventaja de las fuerzas federales oscila entre los 2 mil y 3 mil 99 elementos por encima de los que tienen las corporaciones estatales.
En cambio, las únicas entidades que presentan policías estatales con mayor número de agentes son Ciudad de México (+64 mil 482), Veracruz (+4 mil 225), Nuevo León (+2 mil 294), Yucatán (+2 mil 028), Estado de México (+mil 51), Tabasco (+893) y Tlaxcala (+221).
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