Un caso de tortura en Veracruz

Diversos medios de comunicación veracruzanos dieron a conocer un indignante caso de presunta tortura, documentado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, contra un joven señalado por homicidio. 

El asesinato de un chef, en octubre de 2021, originó la captura de una persona en Banderilla por parte de la Policía Ministerial. 

Al margen de los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación por homicidio, destaca la brutalidad con que fue tratado el presunto responsable de dicho hecho, quien este martes recuperó su libertad. 

Presuntamente fue torturado por elementos de la Policía Ministerial, que depende de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández.  

De acuerdo con la queja, fue golpeado y sujeto a todo tipo de maltrato, vejaciones y abusos; por ello recurrió al órgano defensor de los derechos humanos. 

No es un tema menor, porque pone en duda la actuación de los sistemas de procuración de justicia; y sobre todo porque los asuntos relacionados con los derechos humanos y la tortura en México han estado en la agenda de organismos internacionales; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, estable que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, lo que no habría ocurrido en el caso de la víctima de la mencionada atrocidad presuntamente cometida por elementos de la Ministerial de Veracruz. 

Todas las instancias nacionales e internaciones que promueven el respeto a los derechos humanos condenan y prohíben el uso de la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes contras las personas. 

En sus Artículos 20 y 22, la Constitución prohíbe la incomunicación, intimidación o tortura, así como las “penas de mutilación  y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento”. 

Desde 1986, cuando se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se estableció que comete este delito el servidor público que “infrinja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o confesión”. Es justo lo que desde la óptica de la CEDH ocurrió en Veracruz en el caso de Oscar “N”. 

En 2020, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, alertó sobre la práctica de la tortura en el país, cada vez más recurrente, por parte de los cuerpos de seguridad; es, indicó la fuente, una práctica generalizada y en ocasiones sistemática. 

La CMDPDH estableció que las víctimas de tortura en México enfrentan una situación precaria y de desamparo en cuanto a la atención y reparación integral. 

Otro dato: de las más de 36 mil quejas por tortura y malos tratos reportadas en México entre 2006 y 2018 ante los órganos defensores de los derechos humanos, sólo fueron inscritas 532 personas al Registro Nacional de Víctimas, pero únicamente el 38 por ciento recibió la reparación del daño. 

En el caso del joven veracruzano víctima de violación y tortura por parte de elementos de la Policía Ministerial, esperemos que no prevalezca la impunidad; que no sólo se repara el daño y se atienda a la víctima, sino que se investigue y se proceda contra los responsables. @luisromero85