Tras 4 años de solapar corrupción de ciudades judiciales, en Veracruz se intenta ver como un logro una cancelación tardía y costosa

Nos cuentan nuestros amigos veracruzanos, que el escándalo por la construcción de las ciudades judiciales en aquella entidad continua y así, a pesar de la llegada de una nueva titular al Poder Judicial, las circunstancia no parecen cambiar mucho, puesto que ahora, la magistrada presidenta del PJEV, Lisbeth Aurelia Jiménez, pretende mostrar la rescisión de 10 contratos de ciudades judiciales -de un total de 21- como sí se tratará de un favor, de los representantes de las empresas constructoras.

Lo que parece olvidar la señora presidenta, es que no se trata de ninguna ayuda, ni debió ser motivo de un acuerdo o negociación, desde 2019, el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, junto con la entonces presidenta del Poder Judicial debieron cancelar los contratos, hecho que nunca ocurrió y así el gobierno de la 4 transformación se convirtió en cómplice del endeudamiento del Poder Judicial, un hecho sin precedentes en la historia de aquella entidad.

Hay que recordar que la primera presidenta del Poder Judicial, ya en los tiempos de Cuitláhuac García, Sofía Martínez Huerta fue severamente atacada, luego de que insistiera sobre la urgencia de cancelar las ciudades judiciales. La exmagistrada -ya fallecida- fue rigurosamente atacada, maltrata y vulnerada pues a pesar de llegar al poder con el respaldo de la 4 transformación, se convirtió en enemiga publica cuando intentó levantar la voz sobre la corrupción que ahí imperaba.

La exmagistrada presidenta denunció públicamente las amenazas del secretario de Gobierno veracruzano quien le había pedido quedarse callada y dejar ese tema por la paz; pero la togadas sabía del grave riesgo que implicaba solapar que los contratos continuaran cuando se trataba de un acto ilícito disfrazado de contratos a través de asociaciones público privadas (APP) que intentaban justificar que ante la falta de recursos propios, empresas de familiares y amigos del entonces presidente del poder judicial, Edel Álvarez y el propio Gobernador Yunes, construyeran las ciudades judiciales.

Y así al ser las empresas quienes costearían los gastos, el Poder Judicial -con la autorización del Congreso- comprometió el presupuesto publico federal del poder judicial por 24 años, tiempo en el que se liquidaría el total de las ciudades judiciales por parte de las empresas. Fue así como la magistrada Sofia, en 2019 informó al Gobernador la imposibilidad de mantener dichos contratos, pues el Poder Judicial se encaminaba a una crisis financiera histórica, pero sin lugar a duda los pactos con el pasado corrupto pudieron más.

Luego la propia exmagistrada decidió no quedarse callada y desató la furia de Eric Cisneros, quien dijo, había pactado con Edel y a cambio de jugosos acuerdos se determinó continuar con la construcción de ciudades judiciales. Allá en Veracruz para nadie es desconocido la amistad financiera entre Edel Álvarez y Eric Cisneros, dicen. Así la defensa del gobierno cómplice de Morena en Veracruz costó la persecución de la magistrada Sofia, quien fue destituida como presidenta y luego se le arrebató la magistratura.

Tras los hechos, Cuitláhuac ordenó se nombrará a la magistrada Isabel Romero Cruz, quien se convirtió en una empleada del gobernante y cumplió con lo solicitado, no tocar el tema de ciudades judiciales y así la abogada reducida a títere, solapó junto con la administradora del Poder Judicial que se continuara pagando a las empresas. Ahora con la llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez se pretende hacer ver como un favor la cancelación de 10 contratos.

Que por cierto en primer momento como aquí lo dijimos fue el Gobernador quien anunció la cancelación y no la presidenta del Poder Judicial, por si aún quedaba duda de la marcada invasión de poderes y falta de autonomía. Dicen los veracruzanos que debería de darle vergüenza al mandatario y a la presidenta del poder judicial anunciar la rescisión de 10 contratos tras 4 años de gobierno, en los que solaparon y consintieron el hecho corrupto en el que se le continúo llenando los bolsillos al expresidente Edel y al exmandatario, Migue Ángel. 

Ahora la magistrada presidenta del PJEV, Lisbeth Aurelia Jiménez, replica lo dicho por Cuitláhuac y asegura que la construcción de esas 10 ciudades judiciales continuara, pero ahora con recursos propios. Luego la funcionaria reconoció que la cancelación de los contratos le significó una pena económica. Es decir más allá de cancelar los contratos por los vicios en los mismo y la ilegalidad notoria, se les termino pagando hasta las molestias. ¡ver para creer!