‘Todos están adentro’

Una investigación periodística titulada “Las amistades tóxicas de Fidel Herrera”, publicada este domingo por el diario español El País, ha vuelto a ventilar los presuntos acuerdos no escritos que los exgobernantes de Veracruz han establecido discrecionalmente  con los grupos criminales arraigados en la entidad; pactos que no datan solamente de la administración del excónsul de México en Barcelona sino desde al menos nueve sexenios atrás.

En la administración del exgobernador Fernando López Arias (1962-1968), extitular de la PGR, su director de Seguridad Pública, Manuel Suárez Domínguez, también fue involucrado con la delincuencia.

Por eso no es casual que ahora el gobernador Cuitláhuac García, de MORENA, reitere que “en Veracruz se acabaron los acuerdos con los grupos criminales”.

Las complicidades entre narcotraficantes y funcionarios de los tres niveles de gobierno han quedado registradas en libros como “Todos están adentro”, del periodista Miguel Ángel López Velasco, ejecutado  en junio de 2011 junto con su esposa e hijo en el puerto de Veracruz.

El libro del desaparecido columnista porteño alude al anecdótico caso del Llano de la Víbora, del municipio de Tlalixcoyan, donde en 1991 se dio un enfrentamiento entre  soldados y agentes federales que supuestamente venían persiguiendo un narco-avión procedente de Colombia, y que había descendido en una aeropista clandestina para reabastecerse de turbosina y continuar su vuelo hacia el norte del país.

Este episodio, que implicó al Ejército, confrontó al abogado pozarricense Ignacio Morales Lechuga, a la sazón procurador general de la República, con el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Carpizo McGregor.

La historia oficial concluyó que los siete agentes judiciales de la PGR muertos fueron acribillados por los soldados que los “confundieron” con narcotraficantes.

Del sexenio del exgobernador Agustín Acosta Lagunes (1980-1986) se recuerda la masacre de 22 agentes judiciales federales en la selva del Valle de Uxpanapa, donde operaba un narcotraficante conocido como el “Güero Polvos”, que posteriormente algunos identificarían como Héctor “El Güero” Palma.

En mayo de 2002, al ser detenido Albino Quintero Meraz, (a) “Don Beto” o “El Orejón”, por el Ejército en la ciudad de Veracruz, quedó al descubierto que el capo procedente de San Luis Río Colorado, Sonora, aliado al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, poseía una residencia al lado de la del entonces gobernador Miguel Alemán Velasco, en el fraccionamiento Costa de Oro, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Este lunes, a través de las redes sociales, Javier Herrera Borunda, hijo de Herrera Beltrán, calificó de “infames calumnias” los reportajes sobre su padre como el publicado por El País, afirmando que “carece de rigor metodológico que la profesión del periodismo entraña, pues se basan en testimonios de oídas de terceros, carentes de todo valor, muy acordes a los tiempos políticos”.

Sin embargo, ¿cómo explicar que grupos criminales sanguinarios como el de Los Zetas se hayan arraigado en Veracruz durante la administración del cuenqueño actualmente afectado por las secuelas de un derrame cerebral?