Tiempos violentos en tiempos electorales

Aunque pasó desapercibido, un hecho inusual ocurrió en vísperas de la visita a Veracruz de la candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, el pasado lunes 1 de abril.

Cuando se trasladaba desde Puebla, en los límites territoriales con la entidad veracruzana, el dispositivo de seguridad que le asignó el Estado Mexicano, a través de la Guardia Nacional, de un momento se duplicó y al convoy que la acompaña se sumaron varias patrullas.

El hecho fue notorio para algunos integrantes del pull de prensa de medios nacionales que acompañan la gira. A pregunta expresa de uno de ellos, la candidata presidencial dijo que prefirió no preguntar al personal de seguridad por qué se activó el protocolo, para evitarse preocupaciones o distracciones.

Xóchitl Gálvez dijo algo que también ha dicho el propio gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez, que había aceptado la escolta que le asignó el gobierno federal en un acto de responsabilidad con su equipo y sus simpatizantes.

La candidata panista tiene la fortuna de contar en este momento con seguridad personal coordinada por los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que de lo que no puede gozar un ciudadano de a pie, por ejemplo, un chófer de tráiler cuando le toca conducir en la misma autopista.

No decimos con todo lo anterior que hubiera en curso un plan para emboscar o atacar de alguna manera a la candidata presidencial de oposición, no hay indicios para afirmar ello, pero lo ocurrido muestra que la autoridad federa sabe que el tramo entre Puebla y Veracruz es uno de los más peligrosos del país y hay que tomar todas las precauciones.

Inteligencia de la Sedena sabe que Veracruz es un hervidero de violencia en contra de políticos. Como lo son otros estados de la República en donde destacan casos como el de Guanajuato, en donde fue asesinada la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán.

Pero como estamos en Veracruz, nos concentraremos en nuestra tierra. De acuerdo con el Laboratorio Electoral, que presentó el informe “Violencia Electoral, proceso 2023-2024”, con corte al mes de marzo la entidad veracruzana es la segunda más violenta para la clase política que busca el voto en las actuales campañas, incluso con indicadores superiores a los del 2018.

E n dicho documento se tiene registro de 156 agresiones -50 asesinatos entre estos- en todo el país a aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral que inició en agosto del 2023.

De las víctimas de ejecuciones, 26 eran aspirantes: además contabiliza 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto de nuestro primer reporte preliminar que se presentó en febrero de este 2024.

En el reporte del Laboratorio Electoral, la lista de políticos asesinados en el actual proceso electoral es la siguiente: William Monje Morales, en Gutiérrez Zamora;  Manuel Hernández, en Misantla; Gabriel Arias Pérez, asesinado en Yanga; Zayma Zoraya Zamora García, en Poza Rica; Fidel González Ramírez, en Yanga; José Alejandro Naredo García, en Cuitláhuac; Andrés Valencia Ríos en San Juan Evangelista; y Policarpio Ramírez Coria en Paso de Ovejas.

La respuesta del INE desde el inicio de este proceso electoral, para prevenir la violencia en contra de políticos, fue justamente la asignación de seguridad a las y los candidatos, como es en el caso de Xóchitl Gálvez, y como ocurre también con Claudia Sheinbaum, quien por su papel en las elecciones goza de este beneficio, le guste o no.

En el acuerdo general del INE se instruyó a autoridades federales y locales brindar seguridad también a candidatas y candidatos a otros puestos que están en juego en las votaciones del 2024, que en el caso de Veracruz son diputaciones locales, federales y senadurías.

Sin embargo, estamos frente a la incapacidad del Gobierno Estatal y hasta federal para brindar tal seguridad.

En Veracruz, más de 90 personas participaran en las elecciones a las diputaciones locales por los diversos partidos y coaliciones, si se quiere brindar guardia personal a cada uno se tendría que disponer de al menos cuatro policías por cada uno, que sumarían 360, más 90 patrullas.

Es decir, serían 360 policías y 90 patrullas menos para cuidar a los veracruzanos de a pie, a costa de prevenir que los ataques a políticos dejen de cobrar vidas, es una solución práctica, pero a qué costo.

Lo ideal hubiera sido que el gobierno de Veracruz, del morenista Cuitláhuac García Jiménez, hubiera dado las condiciones de seguridad en el estado para que estos crímenes no ocurrieran, ni en contra de políticos ni en contra de la población, pero eso no ocurrió y los números lo muestran. Como ya se ha dicho, Veracruz es un hervidero de violencia, no lo ha dejado de ser y parece que en lo inmediato no lo dejará de ser.