Tarek: el Lozoya jarocho

A finales de enero pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción económica que en 2018 le impuso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero duartista de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Al exdiputado federal del PRI por Cosamaloapan le impusieron el pago de 3 millones 630 mil 606 pesos, una bagatela para “resarcir” el daño que ocasionó a la hacienda pública estatal. Y eso porque según el proyecto presentado por el magistrado Carlos Chaurand Arzate, el exfuncionario interpuso la demanda de nulidad de forma extemporánea, casi tres meses después de que venciera el término legal para impugnar la resolución.

A Tarek le está saliendo baratísima su complicidad en el desbarajuste financiero del exgobernador Javier Duarte, aunque ahora pretenda deslindarse de su exjefe político. Y es que para salvarse de la prisión, el extesorero solicitó desde principios de 2018 –ocho meses antes de que perdiera el fuero legislativo y concluyera la administración priista del expresidente Enrique Peña Nieto–, un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar ser juzgado por el presunto desvío de 57 mil millones de pesos provenientes de fondos federales que él manejó y transfirió a diversas cuentas por órdenes del exgobernador. Actualmente existen 32 carpetas de investigación y 11 averiguaciones previas abiertas en la nueva FGR.

El recurso de “criterio de oportunidad”, planteado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, permite a los solicitantes convertirse en testigos colaboradores a cambio de obtener beneficios legales. Este criterio ha sido concedido por el Ministerio Público Federal a varias personas vinculadas con los desvíos del exmandatario veracruzano actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Anteanoche, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, vinculó a proceso a los exsecretarios de Finanzas, Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, así como al exsubsecretario Gabriel Deantes y a José Francisco Díaz Valenzuela, exsubdirector de Operación Financiera de la Sefiplan por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos del sector educativo, correspondiente a 2012.

Esta imputación judicializada tiene su origen en una denuncia de la ASF y en los testimonios rendidos por Tarek como testigo colaborador de la FGR. Y, según trascendió, con base en sus dichos y las denuncias del órgano fiscalizador federal, en breve la FGR estaría por presentar nuevas imputaciones contra otros exfuncionarios duartistas.

En mayo de 2018, siendo todavía diputado federal, Tarek confesó ante la PGR haber efectuado pagos a compañías fantasma por órdenes de Javier Duarte y que en muchas ocasiones era Karime Macías, entonces esposa del exmandatario, quien decidía el desvío del dinero público, asegurando que cada transferencia que hizo fue por instrucción y conocimiento del exgobernador y su cónyuge.

Según versiones periodísticas, fueron al menos 9 las dependencias estatales desde las cuales se habrían transferido más de 3 mil 600 millones de pesos a compañías fantasma.