Sin Patear el Pesebre

Consulta: Licenciado Yunis si los policías aseguran una casa de seguridad en donde mantienen a las personas secuestradas pero estos se escapan y dejan celulares ABANDONADOS donde se encuentra  información, videos, textos, e imágenes de los delitos que cometieron, ¿se pueden agarrar como pruebas para integrar debidamente carpetas de investigación y luego solicitar ordenes de aprehensión y detenerlos?

COMENTARIO JURÍDICO:

Que quede claro si aseguran el lugar donde se reúnen los delincuentes para cometer los delitos y aseguran celulares SIN QUE HAYA DETENIDOS SE PUEDE EXTRAER INFORMACIÓN por parte del Ministerio Público de los celulares ya que es una facultad Constitucional de la investigación que realiza, pero EN CASO DE QUE LOS DETENGAN  EN DICHO LUGAR Y LES QUITEN LOS CELULARES PARA TENER ACCESO A DICHA INFORMACIÓN SE DEBE DE SOLICITAR A UN JUEZ  la intervención de la información que existe en los celulares.

De acuerdo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica, deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad. 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 115/2012 (10a.), estableció que ese derecho se extiende a los datos almacenados en los teléfonos móviles que son asegurados a las personas detenidas sujetas a investigación por la posible comisión de un delito; aparatos en los que se guarda información privada, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video, y de la cual la autoridad investigadora para tener acceso a ella, debe solicitar a un Juez la intervención de la comunicación privada conforme al texto constitucional en cita. 

Sin embargo, cuando el Ministerio Público ordena extraer la información contenida en un teléfono celular que es asegurado por encontrarse abandonado en el lugar probable de la comisión de un delito y sin que exista detenido alguno, no viola esta prerrogativa fundamental, pues la protección a la información pertenece exclusivamente a la intimidad de la persona titular del derecho protegido, por lo que si en el caso real y concreto no existe algún titular, por no haber detenido con motivo de los hechos o poseedor identificado de éste, es incuestionable que el Ministerio Público, conforme a sus facultades de investigación del delito en términos del artículo 21 constitucional, está facultado para ordenar la extracción de la información almacenada sin que medie la solicitud correspondiente a la autoridad judicial, lo cual no implica violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de la comunicación privada y, por ende, que esa información no sea considerada como ilícita, en razón de que las pruebas obtenidas a partir de ésta, no serían esencialmente causa de los datos obtenidos, sino que derivarían de la facultad constitucional de la investigación realizada.