En septiembre del 2019, casi un año después que asumiera el cargo Cuitláhuac García Jiménez como gobernador del estado, el "fiscal carnal" llamado así por ser afín y herencia del ex gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, finalmente fue removido.
Casi por instrucción presidencial, por el interés que para el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revestía la procuración de justicia en Veracruz y que estuviera en manos de un "innombrable" como Yunes Linares, se debió buscar hasta por debajo de las piedras para poder lograr su remoción.
Esta vez, la renovación en la fiscalía está en puerta, luego de la iniciativa que ha sido presentada por el diputado local, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Diego Castañeda Aburto, con dos variantes a lo ocurrido hace 5 años.
Por un lado, se trata de una iniciativa para recortar el periodo de la fiscal a 4 años –que este caso Verónica Hernández Gaddians ya los cumplió- y por otro, la propuesta emana de un legislador morenista, mismo partido del régimen que gobierna en Veracruz y que tendrá continuidad a partir del 1 de diciembre con Rocío Nahle García.
Es decir, todo indica que, guardando las formas y pormenores del respeto a la autonomía y separación en la división de poderes, este proceso se estaría dando sin estridencias, innecesarias y dañinas para la convivencia de un nuevo gobierno.
Hay que recordar solamente lo ocurrido entonces, cuando del PAN de Yunes pasó a la de Morena, y se encontró a un Fiscal, Jorge Winckler más que blindado, para que las denuncias interpuestas contra el gobernador y los funcionarios de su gabinete quedaran impunes bajo la titularidad de éste.
Por esas fechas, previamente en un evento de la Marina, durante su gira por Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamaría al entonces presidente del Congreso Local, José Manuel Pozos Castro.
Fue Pozos el gran operador sin duda, cuando quien ya lo había intentado con cabildeo y operación sin éxito alguno, fue el entonces secretario de Gobierno, Eric Cisneros.
La votación anterior en tres intentos fue fallida y Winckler continuó en el cargo. La última de ellas, se acusó que Yunes Linares habría comprado a tres de los diputados del bloque de la 4T para no votar a favor de la remoción del fiscal a modo.
El panista estaba más que amarrado, y solo por no cumplir con los exámenes de certificación de control de confianza ante el Consejo Nacional de Seguridad, fue por donde se le pudo encontrar la rendija legal para poder aplicarle la Ley y conseguir su salida.
Durante dos días y tres noches, los abogados estudiaron los recovecos y a las 3 y media de la mañana una madrugada, una llamada salió del Congreso local a la casa del gobernador para decir que "ya lo tenían".
A esa hora se le expuso las razones, dado que aun cuando era otro poder alterno al Ejecutivo y debería haber respeto y autonomía, era importante lo que ocurría en el Judicial para la gobernabilidad y aplicación de justicia en un estado.
Por ello el gobernador fue enterado y a su vez, dos horas después, una vez que era la hora de que despertaba, el presidente AMLO estaba siendo notificado a las 5 30 de la mañana.
Un día después fue recibido el presidente de la Legislatura y el equipo jurídico como bloque de Morena, y revisado por asesores que le darían el aval y procedería entonces en la siguiente sesión, también de manera "fastrack", la revocación al cargo de la fiscalía por carecer de la certificación con los exámenes de confianza.
Así terminó la etapa, que tras varias negativas y encontronazos, se hizo más que difícil remover a Winckler.
Apenas se dio este hecho, algunos legisladores de varios estados buscaron a los artífices para conocer el procedimiento legal y concluir con el mandato de sus respectivos fiscales en esos estados, donde la impunidad y lo cual no pudieron lograr finalmente, y Guanajuato, Morelos y Nuevo León que reclamaban ese cambio, tuvieron que seguir soportando al "fiscal incómodo". En esos Congresos, no había otro Pozos.
Verónica Hernández, vinculada al grupo político de Eric Cisneros, si no decide quedarse, tendrá una salida tersa. Un proceso cómodo para una renovación en el mando de la procuración de justicia en Veracruz que se estará dando en los próximos días.
No se ha esperado mucho y sabedor de la necesidad de una nueva fiscalía que cumpla con el perfil institucional para el que fue creada, y que sea además con el respeto a la división de poderes, la armonía y efectividad que se requiere en un nuevo gobierno, Castañeda Aburto se ha anticipado a presentar la iniciativa.
Llama la atención que aún cuando salió de Morena, la iniciativa tuvo la aceptación y se sumaron la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María Elena Córdova Molina y y el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada, así como la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar.
El mensaje en esta propuesta legislativa fue claro al establecer que: "Para tal efecto, tomando en consideración que la temporalidad cubierta por la actual titular ha rebasado el lapso señalado para el primer periodo de duración, por única ocasión y de manera excepcional, dentro de los dos días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, formulará el requerimiento para que, en el mismo plazo, la Fiscal General del Estado en turno manifieste si es su interés o no someterse al procedimiento de ratificación. Una vez que se obtenga el sentido de su respuesta, el procedimiento continuará conforme a los términos establecidos".
Es decir en una semana, el giro del ámbito judicial en Veracruz tomará forma. A la par de la llegada de Nahle al poder. Parece que Castañeda trae todo calculado.
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