¿Revocar la Constitución?

La decisión del INE de suspender, posponer dicen ellos, el proceso para la revocación del mandato es a todas luces violatorio de la Constitución y de la ley. En los hechos, están buscando…¡revocar la Constitución!, esto es, dejarla sin efecto, que eso es lo que quiere decir “revocación”, según el Diccionario de la Real Academia: “Dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución.”

El mandato constitucional establecido en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, fracción IX es muy claro. Recordemos que este artículo se refiere a los derechos de la ciudadanía, entre los cuales está el de participar en los procesos de revocación de mandato. Ahí se expone, en primer lugar, que cada tres años las y los ciudadanos podrán pedir el inicio del procedimiento de revocación con la firma de por lo menos el 3 por ciento del padrón electoral. Una vez cumplido este requisito el INE está obligado a convocar a la consulta donde la ciudadanía se exprese en torno a la revocación.

Entonces, lo que se concluye de esto, es que el INE no puede cancelar ni posponer este procedimiento si las y los ciudadanos cumplen con el requisito establecido en la Constitución, dado que es un derecho ciudadano. Oponerse al texto constitucional es prácticamente intentar una revocación de ese mandato constitucional, esto es, una desobediencia a las leyes y a nuestro Ley máxima.

¿Por qué la oposición y el INE se han negado a poner en marcha este procedimiento? Hagamos memoria sobre la serie de inconformidades y votaciones en donde el PAN, el PRI y sus aliados han puesto reparos a este instrumento de participación ciudadana, la última de las cuales fue su reticencia a convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la pasada Legislatura para aprobar la ley secundaria que regularía lo señalado en el 35 de la Constitución.

Una vez que en septiembre pasado se logró legislar sobre este tema, el INE, con todo cálculo, infló su proyecto de presupuesto con la finalidad de poner en un dilema al poder legislativo, queriendo decir que si se hacía la revocación de mandato entonces saldría muy caro a la Nación. De esa manera la ciudadanía se inconformaría con ello.

Al no haber logrado su objetivo, el INE argumentó que iba a ser imposible realizar la consulta con el presupuesto que le asignó la Cámara. No obstante, es de señalar que el presupuesto actual es mayor en 2 mil millones de pesos al de 2020 (11.3% más), año de similares características, habida cuenta que en ese año ni en 2022 habrá una elección federal como la que hubo en este 2021, la más grande que haya tenido nuestro país en nuestra historia.

Por el contrario, el INE quiere 3 mil 830 millones de pesos tan sólo para llevar a cabo la revocación de mandato, algo inaudito ya que ese instituto cuenta, o debería contar, con toda la infraestructura necesaria en sus juntas distritales y en capacitadores para llevar adelante el proceso, además de que el grueso de las actividades en la organización de casillas la lleva a cabo la ciudadanía.

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el INE está obligado a llevar a cabo la consulta y hacer los ajustes presupuestarios que además están contemplados en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Revocación de Mandato. A pesar de ello, el INE acordó “posponer” la realización de la consulta sobre la revocación. Ha ido demasiado lejos en su desacato y ahora se coloca en franca rebeldía contra el orden constitucional. No debe tolerarse más tamaña arrogancia.

marco.a.medinaperez@gmail.com