Retiro de escoltas en Veracruz: una decisión que enciende alertas

El pasado 29 de mayo, al concluir las campañas electorales para la renovación de los 212 ayuntamientos de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) notificó a 170 candidatas y candidatos que habían solicitado protección durante el proceso electoral que sus escoltas serían retirados para retomar sus funciones habituales. Esta decisión, tomada tras el cierre del período de campañas que inició el 29 de abril y culminó el 28 de mayo, ha generado preocupación en un estado marcado por la violencia política.

Durante el proceso electoral, los partidos políticos, a través del Organismo Público Local Electoral (OPLE), solicitaron al gobierno de Rocío Nahle García que brindara seguridad a sus candidatos ante el clima de inseguridad. La SSP asignó personal para proteger a los aspirantes a las alcaldías, una medida que resultó vital en algunos casos. Por ejemplo, Xóchitl Tress, candidata de Movimiento Ciudadano en Juan Rodríguez Clara, destacó que la intervención de uno de sus escoltas evitó una tragedia mayor durante un ataque armado a su casa de campaña, en el que fue asesinada la periodista Avisack Douglas y dos personas resultaron heridas.

Sin embargo, la decisión de retirar la seguridad al concluir las campañas electorales llega en un momento crítico. Veracruz ha sido uno de los estados más golpeados por la violencia política en 2025. Según Data Cívica, entre noviembre de 2024 y abril de 2025 se registraron 18 ataques contra actores políticos, incluyendo ocho contra aspirantes a cargos municipales. Entre los casos más graves están los asesinatos de Germán Anuar Valencia, candidato de Morena en Coxquihui, el 29 de abril, y de Yesenia Lara Gutiérrez en Texistepec, el 11 de mayo. Estos incidentes, junto con secuestros y amenazas, evidencian un contexto de alto riesgo que no termina con el cierre de las campañas.

La pregunta ahora es si el retiro de escoltas deja en mayor vulnerabilidad a quienes contiúan en la contienda electoral o incluso a quienes resulten electos. La violencia política no se detiene con el fin de las campañas, y la protección a los candidatos debería considerarse una prioridad hasta que el proceso electoral concluya por completo, incluyendo la toma de protesta de las nuevas autoridades.

La SSP debe reconsiderar esta medida y garantizar que las y los candidatos, así como los actores políticos en general, cuenten con la seguridad necesaria en un estado donde la violencia no da tregua. Ignorar esta realidad podría tener consecuencias irreparables.

@VictorToriz