En diciembre de 2020, Consulta Mitofsky, de Roy Campos, dio a conocer los resultados de un trabajo denominado “Ranking confianza en instituciones”; es una encuesta entre mil 200 mexicanos, que fue levantada del 4 al 6 de diciembre.
En ese trabajo se ubica con las más altas calificaciones al Ejército, las universidades, la Guardia Nacional y la Iglesia; después siguen las redes sociales, las estaciones de radio,okis
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los medios de comunicación y la Presidencia de la República.
En contraparte, las instituciones que obtuvieron las peores notas, los más bajos niveles de confianza en la evaluación ciudadana, son las cámaras de Senadores y Diputados, los sindicatos y los partidos políticos.
No fue una sorpresa; en México, por décadas los sindicatos han sido sinónimo de corrupción, de abusos por parte de los dirigentes, y de opacidad en el manejo de las cuotas de los trabajadores.
De igual manera, hablar de partidos es referirse a verdaderos cotos de poder, donde con algunas honrosas excepciones medran oportunistas.
Los partidos y los políticos en términos generales, tienen la peor reputación en nuestro país, al igual que en otras naciones. Ramón del Valle-Inclán lo definía a la perfección: En España, el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo”; y lo mismo se podría aplicar en estas tierras.
En ese contexto, estando tan ligada la actividad política al trabajo en el Poder Legislativo, no debe extrañar que los senadores y diputados tengan tan mala fama en México, donde las cámaras son sinónimo de gasto excesivo y de refugio de burócratas que cobran altísimos salarios por hacer prácticamente nada, también con sus excepciones.
En Veracruz, el tema del gasto en el Poder Legislativo fue retomado por la diputada Jessica Ramírez Cisneros, de Morena, quien en su carácter de presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto en el Congreso local se refirió a una reducción en las percepciones de los diputados.
Dijo que los legisladores de la 4T se aplicarán descuentos de 20 y 30 por ciento en sus dietas y salarios, como una medida voluntaria, tal como se anunció en el Poder Judicial de Veracruz con respecto a los magistrados y altos funcionarios.
La medida, que significa un pequeño golpe para los ingresos de los diputados locales, comenzará a reflejarse a partir de la próxima legislatura, de tal manera que los actuales diputados no sacrificarán nada; será el próximo Congreso local, cuyos diputados entrarán en funciones el próximo 5 de noviembre, el que inicie con esa reducción.
En el caso de Jessica Ramírez Cisneros, habrá continuidad, reelección; de forma que si verá reflejada esa reducción salarial; igual ocurre, por ejemplo, con otros integrantes del actual Congreso, como el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.
Esperemos que con el mismo ánimo lleguen todos los diputados entrantes, los 50, independientemente del partido del que provengan. Los magistrados del Poder Judicial, al menos dos decenas, aunque a regañadientes ya cedieron a la presión para que aceptaran bajar sus percepciones; falta ahora que lo mismo hagan los legisladores veracruzanos.
@luisromero85
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