¿Quién protege a Grupo MAS y el saqueo del agua?

Fue durante el gobierno en Veracruz de Javier Duarte, y tras las últimas dos administraciones del Grupo MAS con José Ruiz Carmona y José Tello Allende, consideradas las peores del ya convaleciente -en ese momento- organismo del agua potable en la conurbación Veracruz, Boca del Río, Medellín, cuando prácticamente se entregó a empresarios que, para no variar, están ligados a las mafias del poder político en la zona.

Los presuntos empresarios, se ampararon en la misma empresa española Iberdrola, pero en sociedad con compañías conformadas por un grupo local que lleva a los Ruiz y por ende a los Yunes, y que sospechosamente, para este enjuague, Grupo MAS, se vinculó a otro organismo privado denominado Compañía de Agua de Boca del Río.

CAB nació entonces con Acciona en sociedad con los Ruiz durante el periodo de Yunes Márquez como alcalde y luego Acciona se apoderó también de Parte del pastel en MÁS cuando Odebrecht quiebra y vende sus acciones.

En tanto, fue Maier Retolaza García como nuevo director, luego de la salida de José Tello Allende, quien se encargó prácticamente del desmantelamiento de SAS, el despido de los cientos de trabajadores que aún reclaman su liquidación y por tal motivo andan perdidos 400 millones de pesos. Así, el excontralor fue también quien llevó la transición para entregarle todo activos, cuentas y demás a la nueva empresa Grupo MAS allá por el 2015.

Retolaza García, fungía como contralor del SAS y cumplió con hacer valer la concesión que se tiene con Grupo MAS, negociación más que oscura con los entonces diputados del Congreso Local para entregar dicho organismo, sentenciado a casi un millón de habitantes al pésimo servicio, la mala calidad del agua, y a las altas e ilegales tarifas para el cobro del vital líquido.

En febrero de 2014 se preparó el camino dando posesión a José Ruiz Carmona como titular del SAS. Fue el entonces alcalde de Veracruz puerto, Ramón Poo Gil quien hizo el nombramiento del funcionario, en acuerdo con el entonces también alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y de Medellín, Omar Cruz Reyes, edil panista sobre quien pesa en su haber la desaparición y homicidio del periodista de ese lugar, Moisés Sánchez.

Al momento, el Orfis, diputados locales y federales, la Procuraduría Federal del Consumidor, han buscado obligar al organismo que desde hace nueve años ha cometido un brutal saqueo por medio de la explotación, distribución y uso del agua en contra de los veracruzanos, pero ninguno ha ido más allá.

El mismo que hoy pretende acrecentar con la construcción un acueducto para aumentar dicha explotación al conectar el río Cotaxtla con el río Jamapa.

Recientemente un trabajo de la periodista, Josefina Lugo, en el periódico IMAGEN de Veracruz, da cuenta del enorme abuso que se comete, ya que en un análisis financiero de la diputada federal Rosa María Hernández Espejo, señala lo siguiente:

“Tan solo Grupo MAS vende a Boca del Río a 2.30 pesos el metro cúbico de agua potable y la empresa Filial de Acciona, lo que es la Compañía del Agua de Boca del Río, CAB, cobra a los usuarios en no menos de 108 pesos al mes el metro cúbico”.

Es decir, como explica el reportaje, se está haciendo un alza de 50 veces más el costo que MAS le proporciona a CAB, prácticamente hay dos acotaciones: O le está regalando el metro cúbico de agua a fin de que su par en Boca del Río obtenga los mayores dividendos y con un beneficio no claro para ambos, o esto da una idea de lo que MAS obtiene como ganancias en Veracruz y Medellín, donde distribuye el líquido.

Esta acción es solo una de las tantas irregularidades que comete el organismo, y que ha sido señalada por la misma Hernández Espejo y por el diputado local, Fernando Arteaga, sin que ninguno haya logrado hacer sentir su voz a las más altas autoridades para encontrar sanciones reales contra el impune operador de agua.

En junio del 2022 el gobernador Cuitláhuac García abordó el tema. Dijo que el Orfis realizó auditorías y que incluso con el incumplimiento demostrado el grupo operador podría perder la concesión. Retiro que no se hizo.

El mismo mandatario explicó que tendrían que ser los alcaldes de los municipios en donde opera el servicio, obligados a exigir cuentas a MAS y a retirarles la anuencia. Solo que el mayor responsable es el Ayuntamiento de Veracruz, en manos de la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes, y a su vez parte del clan que respalda y solapa al sistema de agua, que deja millonarios dividendos a los dueños del mismo.

El informe del Orfis el año pasado sentenció que de tres mil millones de pesos recibido por el cobro del servicio, MAS no ha invertido un solo pesos en la mejora del mismo, ni en calidad del agua ni en la de la distribución a los usuarios.

Un ejemplo, dijo entonces el Orfis, es que las plantas de tratamiento no han recibido mantenimiento desde que asumió la concesión.

Se sabe que en manos de al menos la candidata a la gubernatura, Rocío Nahle, por la alianza Morena, PVEM y PT, existe un informe de la situación que priva en cuanto al grave problema del agua y el fraude y saqueo con el servicio.

La abanderada morenista no tendrá forma de eludir el tema una vez que se encuentre en campaña, de lo contrario será un gran pendiente que reclamarán los veracruzanos de la conurbación, que, por cierto, tienen décadas gobernados por el PAN.