Política a la veracruzana

Si bien es cierto la frase de “verdad histórica” pronunciada por el entonces Fiscal de la República, Jesús Murillo Karam, fue excesiva, lo mismo ocurre ahora con la pronunciada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas quien señala que lo ocurrido en Ayotzinapa con los 43 estudiantes normalistas fue un “crimen de estado”.

Y es que, un crimen de estado es un acto cometido o permitido por las autoridades; se trata de actos que van en contra de las normas nacionales y tratados internacionales, tan difícil fue dar credibilidad para los mexicanos a esa verdad histórica de Murillo, como hoy sustentar o demostrar ese crimen de estado del que Encinas habla.

Lo único cierto, es que hoy, Encinas al igual que en su momento lo hizo Murillo, han referido que los 43 estudiantes murieron, aunque el funcionario en turno ha tratado de suavizar el hecho expresando que no hay indicios de que los jóvenes permanezcan con vida. Quizás lo mas rescatable de lo expresado por Alejandro Encinas fue que el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin para conocer las acciones que realizaban los normalistas en el marco de la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 2014; así fue que dijo, las autoridades municipales, estatales y federales estaban al tanto de lo que ocurría en la Normal Isidro Burgos.

“Era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal, de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado López Patolzin, estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías, del 27 Batallón, su último informe fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes”

Encinas expreso que el militar infiltrado también desapareció, pero sus mandos no hicieron ninguna acción para buscarlo, por lo que de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.

Tras lo declarado por Encinas, llego casi de inmediato -un día después- la detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam. Al exfiscal se le acusa por desaparición forzada, tortura y por acciones en contra la administración de justicia. La Fiscalía también anunció el pasado viernes que se libraron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa, policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos por su presunta vinculación con el caso.

Lo cierto es que la presentación de Murillo Karam ante el Juez de juicio para legalizar la detención demostró las deficiencias que aún permean en los órganos encargados de procurar justicia. Los fiscales recibieron un fuerte llamado de la funcionaria judicial, quien les expreso la nula preparación y conocimiento del caso. Es decir, los fiscales se mostraron ignorantes del sistema penal acusatorio y del contenido de las carpetas.

El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, exhibió el poco conocimiento de los fiscales de la FGR, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, quienes pidieron disculpas por no ir preparados a la audiencia. Así entre la ignorancia e improvisación de funcionarios de la FGR y tras 12 horas de audiencia, el juez estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Entre audiencias, detenciones y declaraciones, la percepción ciudadana, es que todo sigue obedeciendo a temas políticos y no a la búsqueda de la verdad y la legalidad.