Poder judicial anacrónico

De manera individual y colegiada, abogados veracruzanos han estado presionando mediante exhortos publicados en medios de comunicación así como a través de recursos de amparo interpuestos ante Juzgados federales  para que garantizando las condiciones sanitarias para proteger los derechos a la salud y la vida tanto de las personas justiciables como de los servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Judicial del Estado (PJE), se dicten las medidas pertinentes para asegurar de manera eficaz el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y es que desde abril se ha venido prorrogando la suspensión de actividades del Poder Judicial debido a la pandemia del Covid-19, lo que obviamente tiene paralizados los miles de juicios que se llevan en los diversos Juzgados de la entidad.

La semana antepasada, el Colegio de Abogados de Veracruz, A.C., al rechazar públicamente la iniciativa de decreto que pretende modificar la forma de tomar decisiones por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la creación de la figura de Vicepresidente de dicho Pleno, por considerar que contradice el artículo 57 de la Constitución Política local, expuso que “en este momento, lo que se necesita, es una modificación que le permita al Poder Judicial transitar a la modernidad y digitalización de los procedimientos judiciales”.

A su vez, el abogado Ricardo Morales Carrasco, en el amparo que interpuso ante el Juzgado sexto de Distrito con residencia en Boca del Río, pedía la “E-Justicia” en las materias civil, mercantil, familiar, laboral y cualquier otra, a que se refiere la justicia en línea, ante la omisión de la presidenta del TSJ, Sofía Martínez Huerta, para implementar medidas efectivas y eficaces para que magistrados, jueces y el personal administrativo reanuden la actividad esencial de impartición de justicia.

Otro litigante, Rafael Santorum Vázquez, también interpuso un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito, en el que alude al artículo 85 de la Ley Orgánica del PJE, el cual establece que “el Consejo de la Judicatura implementará los mecanismos tecnológicos que garanticen la certeza jurídica y la confiabilidad de las notificaciones por los medios electrónicos que hayan sido previamente autorizados, y podrá celebrar los convenios de colaboración respectivos con la autoridad competente, a fin de hacer uso de la firma electrónica avanzada…”.

Ante esta parálisis del TSJ y su evidente desfase tecnológico, hay quienes obviamente se preguntan si en Veracruz el PJE estará listo también para cumplir con la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recién publicada la semana anterior en el Diario Oficial de la Federación, en cuyo decreto firmado por el presidente López Obrador se establece que a partir de la segunda quincena de febrero de 2021, el Poder Judicial federal y los de cada una de las entidades deberán difundir las versiones públicas de todas las sentencias que emitan.