Este martes, el senador de Morena, Eduardo Ramírez, llamó a la mesura al gobernador Cuitláhuac García para hacer a un lado su confrontación con la Comisión Especial del Senado que investiga la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz y evitar una posible fractura en la bancada obradorista.
El mandatario veracruzano debería atender el llamado de su correligionario, pues su esfuerzo y atención debe concentrarlos en otros graves problemas que aquejan a la entidad que gobierna.
Y es que, por ejemplo, en su proyección 2022, la consultora internacional Control Risks advierte que Veracruz y otras 15 entidades del país representan un “riesgo alto de inseguridad” y tienen una “fragilidad endémica” que alerta a las empresas para inyectar capital en ellos.
Entre los indicadores clave de esta debilidad, la consultora enlista la pobreza extrema, inseguridad alimentaria, violencia, conflictos armados, inestabilidad política, el desplazamiento de la población y el desempleo juvenil.
Aunque en apariencia suena exagerado, Control Risk coloca a Veracruz y demás estados en la misma situación de países con conflictos bélicos y sociales como Myanmar, Pakistán, Tayikistán, Kirguistán, Yemen, Irak, Etiopía, Tanzania, Sudán, Egipto, Congo, entre otros, que comparten la categoría “riesgo alto de inseguridad”. Y respecto a América Latina los equipara con Venezuela, Honduras, Haití, El Salvador y algunas regiones de Guatemala, Colombia, Ecuador y Perú.
La consultora internacional evalúa las amenazas a activos financieros, físicos y humanos de una empresa, así como la voluntad y capacidad de las fuerzas de seguridad para proteger activos y personal. Los factores que representan amenazas incluyen conflictos militares, insurgencias, ataques terroristas, huelgas y disturbios, vandalismo, secuestro y delitos violentos y adquisitivos.
Para Alejandra Soto, directora de Control Risks México, resulta “sorprendente” que la mitad del país esté catalogado en riesgo alto de inseguridad. Indicó que el problema que se enfrenta derivado de la violencia del crimen organizado se arrastra desde hace varios sexenios y tiene que ver no solo con el gobierno federal, también incluye a los ejecutivos estatales y municipales.
“El nivel alto de riesgo significa que en esos estados el entorno de seguridad, o el contexto social representan grandes desafíos que son serios y persistentes para las empresas y que las actividades comerciales de rutina requieren mayores cadenas de seguridad”.
“Es muy complicado hacer una generalización del por qué en estos estados están en ese color, México es muy complejo, pero las actividades del crimen están presentes en cada entidad”, dijo, ejemplificando con el caso de Sinaloa, que tiene una “relativa paz” aunque en cualquier momento “el crimen organizado puede organizar eventos como el ‘culiacanazo’”. Otro ejemplo que puso fue el de Zacatecas, donde diferentes cárteles de la droga se disputan las rutas del Bajío.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta noviembre del año pasado ocho de las 16 entidades clasificadas por Control Risks como de “riesgo alto de inseguridad” se encontraban entre las diez más violentas del país, una de ellas es Veracruz.
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