¿Paridad en las gubernaturas?

La paridad es un principio y una regla constitucional, con criterios horizontales que exigen asegurar la paridad en el registro de candidaturas de los órganos de elección popular que es incorporado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2014.

La primera vez que fue implementada esta reglamentación fue en el Proceso Electoral de 2014-2015. La paridad es la igualdad sustantiva entre las personas, es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.

Un buen resultado electoral a favor de la participación de la mujer, fue el obtenido en julio de 2018, se logró la paridad en la participación femenina y masculina el Poder Legislativo Federal y de los Estados; la ciudadanía votó por la mujer, dio su voto de confianza para que con su presencia disminuyan los problemas de corrupción e impunidad y se ha sostenido dicha preferencia.

El seis de junio de 2019,  se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de la reforma constitucional en materia de  Paridad entre Géneros, mejor conocido como “Paridad en todo”. Esto significa que hoy por hoy es una obligación constitucional que exista paridad en la integración de las candidaturas electorales de cualquier nivel, de las secretarías del Ejecutivo, a nivel Federal y local, del Poder Judicial de la Federación y en los Poderes Judiciales de los Estados, así como, en los Ayuntamientos y en la integración de los Organismos Autónomos.

En la emisión semanal de Alguien como tú de 16.10.2023 alusiva a “El voto femenino en México” dimos notoriedad a lo que acontece al interior del Instituto Nacional Electoral en el umbral al inicio del proceso electoral 2024: “el pasado 9 de octubre de 2023, en el Instituto Nacional Electoral (INE) se puso sobre la mesa el análisis de un proyecto en el que se propone ordenar a los partidos políticos que postulen a mujeres como candidatas en cinco de las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024, con base al principio de paridad constitucional y garantía del derecho humano de no discriminación a favor de las mujeres; como era de esperarse los representantes de varios partidos y algunos consejeros electorales manifestaron su desacuerdo con la propuesta general y forzaron a que la votación se suspendiera, tienen hasta el 4 de noviembre próximo para llegar a un acuerdo, antes del inicio del proceso electoral en los Estados. Veremos que sucede…”.

Pues le cuento estimado lector/a que el 19 de octubre pasado, en medio de una votación confusa, el Consejo General del INE rechazó el acuerdo que buscaba garantizar la paridad de los géneros en la postulación de las nueve candidaturas a gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del próximo año.

El acuerdo rechazado por el voto de seis consejeros señalaba: “Como acción afirmativa y derivado de que persiste una subrepresentación de mujeres en la titularidad de los Poderes Ejecutivos Locales y tomando en consideración el contexto histórico de las entidades con proceso electoral local, donde apenas han sido electas tres mujeres en toda la historia, los partidos políticos nacionales deberán postular al menos cinco mujeres en las entidades donde se elegirá la gubernatura -Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán-, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.”.

Al respecto Fernanda García, Coordinadora de Mujer en la Economía, menciona que “Como lo han dicho algunas consejeras electorales, el INE no puede decidir en qué estados debe haber candidaturas de mujeres, eso le corresponde a los partidos. Sin embargo, en su rol de velar por la igualdad sustantiva en los cargos de elección popular, el INE sí puede establecer criterios para que se cumpla.”.

El acuerdo proponía que los partidos políticos postulen al menos cinco candidatas a las gubernaturas, definiendo el método que garantice la paridad y la forma en la que medirán la competitividad de las candidaturas de mujeres, esto es, que no las postulen para perder.

Además, señalaba que los partidos deben definir en qué estados postularán mujeres y hombres antes del arranque de las precampañas en cada entidad, lo cual ya está próximo, pues en algunos estados comienzan en noviembre.

Como un tema novedoso y difícil de cumplir por los partidos políticos el acuerdo incluía que se respetara el principio de la alternancia de género con respeto a la última elección.

Después de tan lamentable votación y que la consejera Dania Ravel Cuevas considerara lo ocurrido una “chicanada”, a petición de la consejera Carla Humphrey -impulsora de esta iniciativa- se convocó por la presidencia del Consejo del INE a una nueva sesión, en una plazo no mayor de 24 horas, para votar un nuevo proyecto en relación al tema.

Se menciona que será el próximo martes 24 de octubre que se lleve a cabo la nueva discusión, nada oficial hasta este momento que se redacta.

La lucha de las mujeres por el respeto de sus derechos humanos continúa y se percibe inacaba, los frenos y tropiezos que nos impiden avanzar de manera natural se imponen a cualquier nivel, sin importar el género de la persona que dirija la Institución.

La paridad no garantiza -como lo hemos dicho con anterioridad- la ideología feminista en la mujer, no olvidemos que Guadalupe Taddei Zavala es la presidenta del INE y es señalada por sus compañeras consejeras y por otras personas más al exterior, de no defender el acuerdo de paridad en las candidaturas a las gubernaturas, se actualiza lo dicho por Marta Lamas “no es lo mismo hablar como mujer que hablar desde un cuerpo de mujer”.

Para que quede claro, reiteramos lo dicho en la emisión semanal anterior: “es importante se apruebe este acuerdo de paridad en las candidaturas a las gubernaturas de 2024 porque de esta manera se privilegia la presencia de la mujer que por años ha sido discriminada y excluida para acceder a la gubernatura  de su estado y por otro lado porque la presencia de la mujer en la política es una cuestión básica de la democracia representativa, es una norma constitucional, es un principio constitucional, que debe permear en la ley electoral y hoy tiene que ser una realidad.”.