OPLE Veracruz: Un desafío inédito y complejo

• Elecciones municipales y el Poder Judicial
• Dinero insuficiente, recortes y recortes
• Un termómetro para la confianza ciudadana en el sistema electoral
• AL OÍDO: La impunidad como bandera: el dolor de los periodistas en México

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz enfrenta este 2025 uno de los retos más desafiantes de su historia reciente: la organización de una elección extraordinaria que marcará un precedente al someter a votación popular los cargos del Poder Judicial del estado y sobrellevar la elección de presidentes municipales.

Hoy comentaremos del primero. De la mano del INE, este ejercicio inédito, producto de la reforma publicada recientemente en la Gaceta Oficial, tiene implicaciones profundas en el equilibrio institucional, la participación ciudadana y los recursos del OPLE.

Con solo siete días para instalar el Consejo General, la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, enfrenta una carrera contrarreloj.

La elección de magistrados y jueces, tanto a nivel local como federal, no solo coincide con la renovación de los 212 ayuntamientos del estado en 2025, sino que también compartirá escenario con los procesos federales organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Esta coincidencia demanda una coordinación sin precedentes entre ambos organismos, algo que podría complicar la logística electoral.

DESAFÍOS PRESUPUESTARIOS

El presupuesto aprobado para el OPLE en 2025 asciende a 1,400 millones de pesos. Sin embargo, esta cantidad parece insuficiente ante la magnitud de la tarea.

Delgadillo Morales ha advertido que se requiere una redistribución presupuestal para hacer frente a las nuevas responsabilidades. Este ajuste podría significar recortes en otras áreas clave, comprometiendo potencialmente la calidad y transparencia del proceso.

La reforma introduce además un cambio radical en el modelo de selección de jueces y magistrados, quienes ahora serán elegidos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

Este esquema, aunque democrático en su esencia, plantea preguntas complejas: ¿está la ciudadanía preparada para elegir a los operadores del sistema judicial?, ¿cuáles serán los criterios para evaluar la idoneidad de los candidatos?, ¿cómo evitar que intereses partidistas o corporativos influyan en el proceso?

INDEPENDENCIA BAJO LA LUPA; UNA TRANSICIÓN DIFÍCIL

Un punto controvertido es la exclusión de los partidos políticos del proceso. Si bien esta medida busca garantizar imparcialidad, también podría limitar el debate público sobre los candidatos.

La ausencia de representantes partidistas en el Consejo General y los órganos desconcentrados del OPLE podría interpretarse como un intento de centralizar el control en el órgano electoral, lo que podría generar suspicacias entre los actores políticos.

La gobernadora Norma Rocío Nahle García va por una reforma que supone una transformación estructural en el Poder Judicial de Veracruz. Sin embargo, el cambio también presenta un riesgo de inestabilidad.

La duración de nueve años para los cargos judiciales y la posibilidad de reelección son elementos que podrían perpetuar estructuras de poder, contrarias al principio de renovación democrática.

Además, la necesidad de un proceso de adecuación legislativa en un plazo no mayor a 30 días naturales complica aún más el panorama. Este periodo tan corto podría dar lugar a omisiones o interpretaciones apresuradas, con efectos negativos a largo plazo.

El OPLE de Veracruz tiene por delante un reto que trasciende lo operativo y presupuestario; es un ejercicio que pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas en el estado.

La organización de esta elección extraordinaria no solo determinará la conformación del Poder Judicial, sino también será un termómetro de la confianza ciudadana en el sistema electoral y judicial.

A pesar de los retos, esta reforma también representa una oportunidad única para Veracruz. Si se gestiona con transparencia, inclusión y eficiencia, podría sentar las bases para un modelo más participativo y equitativo en la administración de justicia. Sin embargo, el tiempo apremia y los recursos son limitados.

Solo la coordinación efectiva entre las instituciones y un genuino compromiso con la legalidad podrán garantizar que este ejercicio histórico sea un éxito.

En este contexto, la vigilancia ciudadana y el escrutinio de los medios de comunicación serán fundamentales para asegurar que este proceso cumpla con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y paridad de género que exige nuestra democracia.

AL OÍDO

México atraviesa una crisis de violencia sin precedentes contra los periodistas. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2024 nuestro país concentró más del 30% de los casos de periodistas desaparecidos a nivel mundial, ubicándose como el tercer país más peligroso, después de Palestina y Paquistán, ambos en zonas de conflicto armado.

A pesar de no estar en guerra, cinco periodistas fueron asesinados este año, uno secuestrado y 30 continúan desaparecidos.

Ayer en Xalapa había un ejemplo claro de impunidad.

A una década del asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, su hijo, Jorge Sánchez, sigue clamando por justicia.

La apatía gubernamental y las promesas vacías alimentan la indignación. Ni reuniones con altos funcionarios ni presencias mediáticas han logrado cambiar el sombrío panorama.

La Red Nacional en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos es testimonio del fracaso institucional para proteger a quienes ejercen este oficio.

La violencia contra periodistas no es un fenómeno aislado; es un reflejo de la descomposición social y la falta de estado de derecho. Sin voluntad política, el periodismo, columna vertebral de la democracia, seguirá siendo víctima de la impunidad.

Y con una CEAPP con periodistas militantes, poco se podrá hacer.

Contáctanos:

joluperezcruz@hotmail.com