Nos urge Plan Nacional de Comunicación

La guerra sucia, ya con 26 años de existencia en procesos electorales, ha evolucionado desde 1988 con el asesinato de cientos de perredistas, así como el 2006 con la Operación Berlín y el Peligro contra México, de Enrique Krause y sus financiadores, y el ocultamineto del INE del descarado gasto en propaganda y dádivas del 2012.

En el caso del 2006,  la serie documental estrenada en 2018 en Amazon Prime, controvertida antes de su lanzamiento por considerar que se trataba de un golpe bajo contra el entonces candidato de la izquierda a la Presidencia de México, ahora como presidente presentó una denuncia en contra de la productora y empresas  involucradas en el financiamiento: nada menos que OHL empresa española,  chiqueona desde Fox a Peña Nieto, el Consejo Mexicano de Negocios, CINEPOLIS, Grupo México y Peñoles (beneficiarios en cerca de 200 mil hectáreas del territorio nacional para  minería extractiva en oro y plata), Coparmex y sobre todo la alianza del PAN-PRI-PRD como partidos unidos con sus legisladores, funcionarios, magistrados, jueces, medios de radio-televisión y prensa cómplice, hasta nuncios apostólicos romanos. Hoy la Fiscalía General de la República está en proceso de investigación por delitos electorales, que ignoró el INE por supuesto.

En los últimos tiempos el tema de las Políticas Nacionales de Comunicación ha acaparado especial atención a nivel mundial, lo sucedido y por suceder, en los sistemas de comunicación imperantes en América Latina. La relación entre Gobierno y Medios se ha ido deformando hasta llegar a convertir a estos en propagandistas electorales, que han transitado desde golpes blandos de estado, como los casos recientes en Brasil, Argentina, Bolivia y Perú, en el caso de México los favores económicos, evasión fiscal y contratos en infraestructura, hasta  denostar  movimientos ciudadanos, detractores de ambientalistas y luchadores sociales, que denuncian  tanto a propietarios de medios como de organizaciones empresariales, en colución con el gobiernos neoliberales,  para todos ellos expropiar, despojar, transformar tierras productivas, bosques, playas y costas,  a sus ambiciones de crear nuevos destinos turisticos, centros comerciales e  inmobiliarios y  propiciar   el saqueo de recursos de cada región.

El antecedente inmediato es el Informe MacBride, documento de la Unesco publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés Sean MacBride, ganador del premio Nobel de la Paz. Su objetivo fue analizar los problemas de la comunicación en el mundo al  sugerir un nuevo orden comunicacional y  promover la paz y el desarrollo humano, con el fin de lograr  un nuevo equilibrio mundial en el ámbito de la información y de la comunicación y el de analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional  y entonces sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano y en donde se establecieron los principios y las acciones en los que debería basarse el Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación. Los Planes Nacionales de Comunicación determinan las políticas de cada país en su relación con los medios convencionales de comunicación y hoy en las diferentes redes sociales. Así mismo esas políticas de comunicación deben incidir en la formación profesional de periodistas y comunicadores en las distintas universidades que oferten las carreras de Periodismo, ciencias de la información y ciencias de la comunicación, bajo la premisa de ser coordinadas por un organismo central que oriente sobre planes y programas de estudio y sobre todo en la formación académica del profesorado de cada institución.

Así bajo el Informe Mac Bride se crea el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) con sede en la ciudad de Quito, Ecuador en el año de 1956, institución que hoy cumple 66 años de existencia. El CIESPAL, es una organización internacional que promueve el derecho a la comunicación para democratizar la sociedad a nivel regional y dedica sus esfuerzos a ser un centro de pensamiento y reflexión de investigadores de la comunicación en América Latina, capacita y actualiza a periodistas y profesionales de la comunicación y fundamenta la investigación de la comunicación en la región.

Así mismo se propician la creación de organismos alternos en toda latinoamérica como la ALAIC, Asociación lationoamericana de investigadores de la comunicación, la FELAFACS, Federación latinoamericana de escuelas de comunicación. ALER, Asociación latinoamericana de enseñanza y comunicación popular y en el caso de México el CONEIC, Consejo nacional para la enseñanza e investigación de las escuelas de comunicación.

Hoy en México, este cambio de régimen, conducirá a la cuarta transformación,  requiere de una política de comunicación social justa y abierta,  en su  relación con los  medios de comunicación  y  la sociedad para erradicar los vicios actuales de cinismo profesional, fake news, distorción de la información, mentira y manipulaciòn de las conciencias que  prevalecen en conturbenio con los medios convencionales, intelectuales orgánicos, analistas y conductores de medios, oranismos empresariales, legisladores, jueces, magistrados, alta jerarquía eclesiastica y sociedad arribista y convenenciera, cómplices del saqueo y devastación de México.