MUJER CONTRA MUJER

Bien dice una expresión popular que “no hay peor enemiga de una mujer… ¡que otra mujer!”, lo que se ha confirmado ahora que la directora general de Administración del Poder Judicial del Estado, Joana Marlen Bautista Flores, acusó directamente a la diputada local  Jéssica Lagunes Jáuregui y a su colaborador José Alberto Velázquez Fajardo, ambos del PAN, de la violencia política emprendida en su contra a través de una sucia campaña mediática en la que no sólo se le difamó a ella sino que inclusive vulneraron la intimidad de su familia e inclusive la de sus hijas menores de edad.

Este caso aparentemente resulta kafkiano, pues la legisladora del partido blanquiazul, hace un par de años, el 5 de febrero de 2020, alzó la voz para exigir precisamente frenar en el estado la violencia contra las mujeres y procurar justicia a las víctimas de feminicidio, pues señaló que durante 2019 se había registrado cada dos días la muerte de una veracruzana. Hizo, además, un “enérgico llamado” al gobierno para que se nombrara a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, ya que por ese entonces dijo que estaban por cumplirse nueve meses que el IVM no tenía directora.

Sin embargo, ayer miércoles, la funcionaria del PJE denunció que los actos de violencia de género desplegados en su contra por Lagunes Jáuregui y su auxiliar Velázquez Fajardo son consecuencia de que hace nueve meses, en octubre de 2021, la diputada local del PAN amenazó con “destruirla” en represalia porque Bautista Flores se negó en dos ocasiones a asignar contratos millonarios presuntamente a empresas recomendadas por la legisladora panista.

No es la primera vez que la panista es señalada por este tipo de temas. A finales de septiembre de 2020, la periodista Claudia Guerrero la acusó también “de mandar a sus incondicionales para insultar y denostar en redes sociales a la autora de esta columna, con el fin de demeritar nuestro trabajo”, pues la columnista la había exhibido por una serie de negocios fraguados al amparo de su influencia política. Uno de ellos fue el presunto timo a los habitantes de Comapa, municipio natal de la diputada, la cual gestionó ante la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) el desazolve gratuito de las fosas sépticas y por el que ella habría cobrado a cada familia 200 pesos. Además, fue acusada de ecocidio, ya que los desechos fueron arrojados al río Cerritos, de esa región de Huatusco.

En el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), que reporta sus auditorías directamente a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, también ha ejercido presión para favorecer sus intereses políticos personales. A mediados de enero de 2019 acusó el órgano autónomo recibía información falsa del ayuntamiento de Comapa que presidía entonces la priista Carmen Cantón, su enemiga política, cuyo sobrino, el doctor León Cantón, contendió en las elecciones municipales del año pasado contra el actual alcalde del PAN, Gabriel Lagunes Jáuregui, hermano de la diputada que ahora es señalada de recomendar e imponer despachos contables a los nuevos ayuntamientos.