Medio ambiente y organizaciones de la sociedad civil

Los problemas ambientales han generado inquietud y preocupación dentro de la sociedad, tanto en el ámbito nacional como internacional durante los últimos 60 años; no obstante entre 1970 y 1980 en México quienes encabezaban la toma de decisiones sobre el medio ambiente habían sido los actores gubernamentales.

Los objetivos netamente ambientales aparecen en el plan de gobierno (1970-1976), pero la consolidación de la política ambiental mexicana ocurriría entre 1980 y 2000 siendo este el parteaguas para el surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil ambientalistas (OSC) también denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG), fenómeno que marcaría la nueva forma de entender la gestión pública del medio ambiente en México.

Entre las situaciones que alentaron su aparición se encuentran: la conciencia colectiva creciente respecto a los efectos de las acciones humanas sobre el medio ambiente, la pérdida de

legitimidad estatal debido a su incapacidad para atender estos problemas y los procesos de apertura política que facilitaron la movilización social; pero un aspecto trascendental fue la entrada de actores nuevos en un campo constituido por agentes gubernamentales y económicos.

Sin embargo, aunque las organizaciones de la sociedad civil han buscado una integración cada vez mayor en la toma de decisiones públicas en materia ambiental, sus condiciones las colocan en desventaja con respecto a estos actores.

Hoy en día un problema vigente en las organizaciones ambientalistas mexicanas, es la búsqueda continua de financiamiento para sus actividades, lo cual ocupa buena parte del tiempo de sus integrantes y les da pocas oportunidades de desarrollar otros aspectos institucionales; otro obstáculo es la legislación existente en materia de organizaciones sociales, que limita en forma indirecta su capacidad para intervenir en la problemática ambiental.

Lo anterior ocurre porque en México el marco legal que regula su funcionamiento restringe las posibilidades para obtener recursos materiales y financieros, pues en su constitución legal deben sostener un carácter no lucrativo y cuando buscan ser donatarias (es decir, obtener fondos deducibles de impuestos para el donante), los requisitos solicitados las obliga a demostrar cierta formalidad institucional, y cumplir con una serie de trámites y procedimientos que sólo una pequeña proporción de ellas puede lograr.

A su vez, cuando las organizaciones buscan obtener fondos gubernamentales o de otras instancias, ya sea por concurso de proyectos en convocatorias afines o por solicitud explícita ante las instituciones correspondientes, de nuevo requieren demostrar un conjunto mínimo de capacidades que permitan garantizar que en realidad se llevarán a cabo las actividades financiadas.

Por lo que para comprender la vida de las OSC se hace necesario inferir que el financiamiento se vuelve crucial, pues cuando carecen de la capacidad para ofrecer incentivos a sus miembros, estos no logran el compromiso de estabilidad para la consecución de sus objetivos, y se genera una fuga de recursos humanos hacia otras actividades, o los participantes sólo desempeñan sus roles de tiempo parcial o en forma esporádica.

Un elemento que puede salvar en cierta medida esta situación, sería  la presencia de organizaciones que permitieran mediar las relaciones entre grupos poco institucionalizados y las grandes ONG nacionales e internacionales, así como a las agencias de gobierno, y atenuar con esto, las amplias diferencias que pueden existir entre las capacidades y el poder de ambos grupos.

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